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El Constitucional anula la condena a Fonsi Loaiza por sus tuits sobre Mbaye

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la multa de 2.100 euros por injurias graves impuesta al periodista Alfonso «Fonsi» Loaiza por tres tuits que atribuían a la Policía la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye en Lavapiés (Madrid) en 2018: eran opinión sobre la política migratoria, no información, según la sentencia conocida el 19 de noviembre de 2026.

Renato Davila · 19 de noviembre de 2026 · nacional

Edificio cilíndrico del Tribunal Constitucional en Madrid, de fachada oscura con hileras de ventanas inclinadas, sobre una base de hormigón con lamas verticales; en primer plano, una bandera de España en un mástil, un árbol frondoso, un seto y una verja verde, bajo un cielo azul.
Imagen de archivo: sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, fotografiada el 18 de mayo de 2016. (Foto: Zarateman, CC0 (dominio público), vía Wikimedia Commons)

El 15 de marzo de 2018, Mame Mbaye, senegalés de 35 años que vendía en la calle en Madrid, se desplomó en la calle del Oso, en Lavapiés, cuando era perseguido por la Policía Municipal en una redada contra manteros, según la reconstrucción de elDiario.es. Ese mismo día, el periodista Alfonso Loaiza escribió en Twitter, hoy X: «Hoy ha muerto Mame Mbaye cuando era perseguido por la policía. Su único delito: carecer de unos papeles. No se ha muerto solo ni es una muerte natural, es un asesinato y es culpable el Estado policial español». En otros mensajes sostuvo que «la Policía» lo había «asesinado» y que para el Estado «no era un ser humano».

Aquellos tres tuits le costaron una condena por injurias graves: una multa de 2.100 euros que le impuso un juzgado de lo Penal de Madrid el 12 de octubre de 2021 y que confirmó después la Audiencia Provincial de Madrid. Ahora el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado ambas sentencias al estimar su recurso de amparo —la vía para pedir al TC que proteja un derecho fundamental vulnerado por otro poder público—, según la información difundida por el tribunal el 19 de noviembre de 2026 y recogida por Europa Press y elDiario.es. El ponente ha sido el magistrado Ramón Sáez. Votaron en contra Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. La Fiscalía había apoyado el amparo, según elDiario.es.

Opinión, no información

El fallo gira sobre una distinción que la Constitución hace en su artículo 20. La libertad de información protege la difusión de hechos, y por eso exige veracidad: quien informa debe haber comprobado lo que cuenta. La libertad de expresión protege opiniones y juicios de valor, y a esos no se les puede pedir que sean «verdaderos».

Los jueces de Madrid trataron los tuits como información. Le reprocharon a Loaiza que, como periodista, no se cerciorara de la veracidad de lo que difundía —deber del que no le eximía usar una red social— y que actuara con «temerario desprecio a la verdad», porque después se supo que la muerte fue natural. La investigación judicial atribuyó el fallecimiento a una isquemia cardiaca y cerró el caso sin culpables, recuerda elDiario.es. El juzgado añadió que Loaiza, que vivía en Barcelona y no en el barrio, tenía «distancia emocional y física» para haber sido más reflexivo, y que una multa era proporcionada porque no se trataba de cárcel.

El Constitucional sostiene que esas resoluciones «erraron al identificar la libertad de información como el derecho ejercido» por Loaiza. En sus mensajes, dice, el elemento predominante «no es la narración de un hecho», sino «una opinión sobre la política represiva del Estado en materia migratoria»: un juicio de valor que interpretaba la muerte a partir de la condición del fallecido como «migrante pobre» dedicado a la venta ambulante. Los tuits eran, según el Pleno, un «ejercicio de la libertad de crítica en un debate de interés público sobre políticas del Estado en materia de inmigración», y no ofendían el honor de ninguna persona concreta, sino que se dirigían al Estado y a la Policía como institución.

Contexto

Loaiza no fue el único juzgado por lo que dijo de aquella muerte. Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, y la dueña de una tienda de ropa de Lavapiés fueron absueltos; Loaiza, tras una denuncia de un sindicato policial, fue el único condenado, según elDiario.es.

Según ese diario, la sentencia va más allá del caso: revisa la doctrina del tribunal para ampliar la protección de la crítica a las instituciones, cuerpos y símbolos del Estado, en línea con sentencias recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2023, ese tribunal condenó a España por la multa impuesta a un sindicalista gallego por insultar a la bandera.

El texto íntegro de la sentencia, con su número y los argumentos de los votos particulares, no ha podido consultarse: la web del Tribunal Constitucional rechazaba el acceso el 19 de noviembre de 2026.

Fuentes