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Koldo García pide al Constitucional anular su condena y salir de prisión

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional la condena de 19 años de cárcel que le impuso el Supremo en el caso mascarillas, y pide quedar libre mientras se resuelve, según el recurso al que ha tenido acceso Europa Press.

Renato Davila · 11 de noviembre de 2026 · nacional

Edificio circular de varias plantas del Tribunal Constitucional en Madrid, con fachada de placas grises y ventanas inclinadas, una bandera de España a la izquierda, un muro bajo de hormigón estriado y una verja con setos en primer plano bajo un cielo azul despejado.
Imagen de archivo: la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, fotografiada el 6 de febrero de 2025. (Foto: Javier Pérez Montes, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons)

Koldo García lleva en prisión desde el 27 de noviembre de 2025 y quiere salir antes de que el Tribunal Constitucional (TC) decida si su condena fue justa. El exasesor ministerial, condenado en junio por el Tribunal Supremo a 19 años de cárcel en el caso mascarillas, ha presentado un recurso de amparo —la vía para pedir al Constitucional que repare la vulneración de un derecho fundamental cuando ya no queda otro tribunal al que acudir—, según Europa Press, que el 11 de noviembre de 2026 dijo haber tenido acceso al escrito. El recurso no se ha hecho público, así que su contenido se conoce solo a través de la agencia.

García pide que el TC deje sin efecto la sentencia y que «retrotraiga las actuaciones al momento procesal que corresponda para que el órgano judicial competente dicte nueva resolución respetuosa con los derechos vulnerados». Es decir: no pide directamente la absolución, sino que el caso vuelva atrás y se juzgue de nuevo sin los defectos que denuncia.

Ocho derechos que considera vulnerados

La lista es larga: igualdad, tutela judicial efectiva, juez ordinario predeterminado por la ley, defensa y asistencia letrada, un proceso con todas las garantías, uso de los medios de prueba, presunción de inocencia y legalidad penal. Según Europa Press, el escrito los concreta en cuatro reproches al Supremo:

  • No debió juzgarle el Supremo. El caso llegó a ese tribunal solo porque Ábalos era diputado y, por tanto, aforado —con derecho a ser juzgado por el Supremo—. García «nunca ha tenido condición de aforado», alega, y la condena alcanzó hechos que quedaban fuera del suplicatorio —el permiso del Congreso para procesar a un diputado—, que se concedió por los contratos de material sanitario y algunos alquileres: el rescate de Air Europa y la contratación de una expareja de Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
  • La prueba digital. La condena se apoya, dice, en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre 26 dispositivos y «unos diez terabytes» de datos, pero a la defensa se le negaron la copia íntegra y los códigos hash, la huella digital que permite comprobar que un archivo no se ha alterado. Los aparatos que le devolvieron, añade, «eran inaccesibles».
  • Dos procesos por lo mismo. La Audiencia Nacional le sigue investigando en el caso Koldo por «la misma operativa», lo que a su juicio quebranta la prohibición de juzgar dos veces un mismo hecho. En esa causa, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se avance hacia juicio contra él, según un escrito que adelantó Europa Press el 6 de noviembre.
  • El trato a Aldama. El empresario Víctor de Aldama, condenado a cuatro años, evitó la cárcel por colaborar con la investigación. Para García fue «una conformidad parcial que la ley no admite»: Aldama aceptó la acusación del fiscal, obtuvo una rebaja de dos grados y la suspensión de la pena y después declaró contra él. El acuerdo, sostiene, «no constó por escrito ni se sometió a control judicial».

Libertad mientras decide el TC

Presentar un amparo no detiene el cumplimiento de la condena: lo dice el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La misma norma permite suspenderla si cumplirla haría que el amparo «perdiera su finalidad» y si la suspensión no causa «perturbación grave» a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos de otra persona.

El recurso se ciñe a esos requisitos. Según Europa Press, sostiene que la suspensión «no ocasiona perturbación grave a ningún interés constitucionalmente protegido» y que no afecta a la responsabilidad civil ni a los perjudicados, que conservan intacta la posibilidad de cobrar. Si el TC no le deja salir, pide como alternativa medidas como «comparecencias periódicas, retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional o control telemático». La misma suspensión la pidió también Ábalos, condenado a 24 años en la misma causa, según la agencia.

Antes de entrar en el fondo, el Constitucional tiene que admitir el recurso, y solo lo hace si aprecia «especial trascendencia constitucional» (artículo 50 de la misma ley): que el caso importe para interpretar o aplicar la Constitución más allá del recurrente.

Contexto

El Supremo condenó en junio a Ábalos y a García por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, y a Aldama por organización criminal y cohecho. El 4 de noviembre el tribunal les requirió pagar unos 647.000 euros en multas, decomiso e indemnizaciones y fijó en 15 años el máximo de cárcel que García cumplirá de forma efectiva.

Firma el recurso Leticia de la Hoz, que ha sido su abogada hasta esta semana: según Europa Press, renunció a la defensa por discrepancias, aunque fuentes jurídicas citadas por la agencia aseguran que seguirá representando, de momento, a la expareja y al hermano de García, ambos investigados en la Audiencia Nacional.

La pieza del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional sigue abierta: el 5 de noviembre la UCO detuvo a seis personas en una nueva línea secreta de la investigación, a las que dejó en libertad ese mismo día.

Fuentes