El Gobierno quiere acabar con las zonas de bajas emisiones que solo existen en el cartel. El Consejo de Ministros aprobó el martes 3 de noviembre de 2026 un real decreto que modifica el Real Decreto 1052/2022, la norma que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE): perímetros urbanos donde se restringe la entrada, la circulación o el aparcamiento de los vehículos según lo que contaminan, identificados por su etiqueta ambiental. Desde ahora, los ayuntamientos obligados a tenerlas tendrán que acreditar que funcionan y que multan a quien las incumple, sin periodos de gracia.

El acuerdo consta en la referencia oficial del Consejo de Ministros bajo el epígrafe «Régimen sancionador en zonas de bajas emisiones», y lo detalló el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), según recogió Europa Press. Al cierre de esta información, el texto del nuevo real decreto no se había publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de modo que no constan aún su fecha de entrada en vigor ni los plazos que dará a los ayuntamientos.

Lo que el Gobierno ha visto fallar

La propia referencia de Moncloa admite el problema: los primeros años de aplicación han dejado zonas que eran poco más que una línea en el mapa. El Gobierno enumera tres situaciones detectadas:

• moratorias sancionadoras «excesivamente prolongadas», es decir, restricciones en vigor sobre el papel que no se multaban;
• zonas sin restricciones de acceso en función de lo que contamina cada vehículo;
• perímetros insuficientes que coincidían con espacios que ya tenían limitado el tráfico antes de declararse ZBE.

Qué tendrán que demostrar los ayuntamientos

Con la reforma, las entidades locales obligadas deberán acreditar por escrito que cumplen los requisitos. En concreto, tendrán que:

• comunicar la entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento según el potencial contaminante de cada vehículo;
• demostrar que aplican de forma efectiva los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento;
• recoger en sus ordenanzas el régimen sancionador de la normativa estatal de tráfico y aplicarlo «sin recurrir a sistemas transitorios que demoren su efectividad», en palabras de la referencia oficial.

El Gobierno sostiene que así las restricciones tendrán «mecanismos reales de cumplimiento» y su eficacia podrá evaluarse, y que la reforma da más seguridad jurídica a los ayuntamientos. Hay además una palanca económica: esa acreditación «podrá servir de referencia» para los instrumentos de financiación de la transformación digital y sostenible del transporte urbano. Ni la referencia ni la información del ministerio concretan qué fondos ni en qué medida dependerán de ella.

A quién afecta

El Real Decreto 1052/2022 se aprobó en diciembre de 2022 para desarrollar la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, y obliga a implantar una ZBE a tres grupos: los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire.

Transición Ecológica, el departamento de la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, defiende que estas zonas son «una de las principales herramientas» para reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y que ayudan a «recuperar espacio público y racionalizar el uso del vehículo privado». Ni la referencia ni el ministerio han difundido cuántos municipios incumplen hoy los requisitos ni cuáles mantienen moratorias.

Fuentes

• La Moncloa, referencia del Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2026, apartado «Régimen sancionador en zonas de bajas emisiones» (documento primario: el acto es del propio Gobierno).
• BOE, Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones (norma que se modifica).
• Europa Press, «El Gobierno obliga a ayuntamientos a sancionar ya los incumplimientos en las Zonas de Bajas Emisiones», 3 de noviembre de 2026.