«El Tribunal Constitucional polaco debe poder funcionar de acuerdo con la Constitución polaca y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE». Con esa frase, dicha el domingo 1 de noviembre a Politico y recogida por Europa Press, el comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, se puso del lado del primer ministro polaco, Donald Tusk, en la batalla por el control del alto tribunal de su país.

McGrath añadió que «esto afecta a todos los ciudadanos polacos y son las autoridades polacas las que deben garantizarlo». Y recordó que la Comisión de Venecia —el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional— «ha dejado claro que nombrar nuevos jueces es competencia de la Sejm», la Cámara Baja del Parlamento polaco. Es decir: la llave la tiene el Parlamento, no el presidente de la República.

El respaldo tiene un límite. McGrath no apoyó de forma explícita lo que precipitó la crisis: la suspensión del presidente del tribunal y su sustitución por una jueza afín a Tusk.

Un tribunal con dos presidentes

El choque estalló el viernes 30 de octubre. Por la tarde, la agencia oficial polaca PAP informó de que el presidente del Constitucional, Bogdan Swieczkowski, y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos durante un mes por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, y de que sus nombres habían desaparecido de la web del tribunal. Korwin-Piotrowska se presentó en la televisión polaca como nueva presidenta de la corte. Mientras, la Policía —a las órdenes del Gobierno de Tusk— rodeaba la sede del tribunal en Varsovia, según Europa Press.

La respuesta llegó minutos después desde las redes sociales oficiales del propio tribunal, aún en manos del equipo de Swieczkowski: la web había sufrido una «toma ilegal», Korwin-Piotrowska no representaba a la corte y quien participara en esas actividades «está cometiendo el delito de golpe de Estado». Tusk replicó que restaurar el Estado de derecho «es un deber» y que, «tras años de arbitrariedad», ha empezado «un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida» porque «no hay otro camino».

The Economist resume el episodio en su titular como el momento en que la pugna por el tribunal «se vuelve física», y subraya que Tusk ha desplegado a la policía antidisturbios para que sus jueces ocupen sus puestos, según la pieza del semanario publicada el 1 de noviembre.

El despliegue se mantuvo el viernes y el sábado. El domingo, el comandante en jefe de la Policía, Marek Boron, defendió en una carta publicada en redes sociales que «todas las actuaciones recientes de la Policía en las inmediaciones del Tribunal Constitucional se ajustaron plenamente a la legislación vigente». Según Boron, los agentes estaban allí para proteger tanto a quienes había dentro del edificio como a los miles de personas concentradas fuera, y «la Policía nunca es parte de ningún conflicto».

Un año de pulso

El conflicto viene de principios de 2026. El presidente Nawrocki se negó a tomar juramento a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento, y Swieczkowski, entonces al frente del tribunal, no permitió que los magistrados elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones. El Gobierno de Tusk ha impulsado en los últimos meses el nombramiento de hasta ocho nuevos miembros; Nawrocki solo ha aceptado tomar juramento a dos.

La gota que aceleró la crisis fue la elección por el Parlamento de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno de Tusk, como juez del Constitucional. Nawrocki tampoco le tomó juramento.

Fuentes

• Europa Press, «Bruselas respalda a Tusk en el conflicto por el Tribunal Constitucional polaco», 1 de noviembre de 2026 (recoge declaraciones de McGrath a Politico).
• Europa Press, «La Policía polaca defiende la legalidad de sus acciones en medio de la crisis por el control del Constitucional», 1 de noviembre de 2026.
• The Economist, «Poland’s fight over its constitutional court gets physical», 1 de noviembre de 2026 — pieza de suscripción: se citan su titular y su subtítulo, con enlace.