El grupo de piratas informáticos Jabaroot publicó el 24 de agosto de 2026 cuatro listas con 70.380 nombres, números de identidad y fechas de reclutamiento de agentes de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) y de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), los servicios de inteligencia e interior de Marruecos. Ese mismo día lanzó un segundo mensaje, en forma de pregunta: quién estaría interesado en los datos originales de Pegasus relativos a Pedro Sánchez.

Diez días después, el grupo no ha publicado ninguno de esos archivos, ni una muestra, ni un elemento técnico que permita comprobar que los tiene.

Es la distinción que ordena toda esta historia, y conviene fijarla antes de seguir: el espionaje del móvil del presidente del Gobierno está judicialmente acreditado; la autoría no; y el contenido de lo robado, tampoco.

Lo que sí está establecido

El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, archivó el 22 de enero de 2026 —por segunda vez— la investigación sobre la infección con Pegasus de los teléfonos de Sánchez y de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. El auto da por acreditadas las infecciones y la extracción de datos. Lo que no pudo determinar es quién estaba detrás: la falta de cooperación de las autoridades israelíes, escribe el juez, impide atribuir la autoría de los hechos investigados a persona alguna.

La causa se archivó provisionalmente por primera vez en julio de 2023, se reabrió en abril de 2024 con información remitida por la justicia francesa y volvió a archivarse en enero de 2026. El indicio que aportó París es que el correo electrónico empleado para infectar los dispositivos españoles aparece también en casos franceses. Ese rastro apunta a Marruecos, pero ninguna resolución judicial española ha atribuido a Rabat la infección, y Marruecos lo ha negado siempre.

El Centro Nacional de Inteligencia sitúa el robo de datos del teléfono de Sánchez el 19 de mayo de 2021.

Lo que ha establecido la prensa

Donde la justicia se detuvo, una investigación periodística fue más lejos. El Pegasus Project —el consorcio que coordina la organización Forbidden Stories con el Security Lab de Amnistía Internacional y una quincena de medios, entre ellos El Confidencial, Le Monde, The Guardian, Die Zeit, Der Spiegel y Haaretz— publicó el 16 y el 17 de julio de 2026 una serie sobre el uso de Pegasus por Marruecos. Sobre España afirma que los teléfonos de Sánchez y de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Arancha González Laya y Luis Planas «fueron infectados con Pegasus en mayo y junio de 2021», y atribuye la operación a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), el servicio de inteligencia interior marroquí que dirige Abdellatif Hammouchi.

La base que declara el consorcio: «documentos y fotografías filtrados, así como información aportada y corroborada por varias fuentes de inteligencia», y «las pruebas fueron sometidas a análisis forense por el Security Lab de Amnistía Internacional, que confirmó su autenticidad». Un análisis técnico nuevo del mismo laboratorio establece además que el mismo conjunto de cuentas de Apple empleado para infiltrar a periodistas y activistas marroquíes «también apuntó a periodistas franceses y a políticos franceses y españoles».

El propio consorcio marca sus límites. Distingue entre números seleccionados como objetivo e infecciones confirmadas. Y de la afirmación de que las órdenes de espiar a dirigentes extranjeros salen del Palacio Real a través del consejero Fouad El Himma escribe que es «una afirmación que Forbidden Stories no ha podido verificar». Ni el Gobierno español ni el marroquí respondieron a sus preguntas.

Es, hasta hoy, la atribución más sólida que existe: periodística y forense, no judicial. Las piezas están publicadas en inglés en forbiddenstories.org (segunda entrega).

Lo que no está establecido

Nada de lo que Jabaroot dice tener sobre Pegasus. El grupo ya había amenazado con publicar material y cumplió con las listas de agentes —el CNI reconoció que entre los nombres filtrados figuran varios de personas ya investigadas, aunque no pudo verificar el conjunto por su volumen—, de modo que la amenaza no es hueca por principio. Pero una filtración cumplida no acredita la siguiente: hasta que aparezcan los archivos, «tener los datos de Pegasus» es una afirmación del propio grupo sobre sí mismo.

Jabaroot dice poseer además órdenes de misión de agentes desplegados en Castillejos antes y después de la crisis migratoria de Ceuta del 30 de julio de 2026, y anuncia una lista de quienes la dirigieron y coordinaron. Tampoco las ha publicado. El grupo ha vinculado explícitamente sus filtraciones a esa crisis.

Ni el Gobierno marroquí ni el español se han pronunciado públicamente sobre la filtración.

De dónde viene la hipótesis del chantaje

Junto a la reaparición del asunto ha vuelto a circular una explicación más concreta: que entre lo robado del móvil de Sánchez habría material comprometedor sobre su entorno —en particular sobre su esposa, Begoña Gómez— y que ese material explicaría el giro español sobre el Sáhara Occidental. Conviene decir de dónde sale.

Sale de una crónica de opinión del diario francés France Soir publicada en junio de 2022, titulada «¿Error o chantaje sórdido, por qué Sánchez se ha echado encima a Argelia?». El texto está escrito en condicional y lo dice de sí mismo: entre las conversaciones telefónicas «se encontrarían» informaciones comprometedoras sobre la corrupción y el nepotismo del Gobierno, «algunas de ellas implicando a su mujer», y esa escucha «habría podido» inclinar a Sánchez hacia Marruecos. El propio autor cierra el pasaje con una condición: «si tal escenario llegara a confirmarse». No se ha confirmado.

El 13 de junio de 2022, el medio argelino La Patrie News recogió esa crónica y la tituló en indicativo: Sánchez, «víctima de un sórdido chantaje a causa de los jugosos asuntos de su mujer». No aportó documentos, testimonios ni investigación propia; su artículo declara que comenta el de France Soir y enlaza a él.

Son, por tanto, un texto y su eco, no dos fuentes independientes. En el trayecto de uno a otro, un condicional explícito se convirtió en una afirmación de hecho. Cuatro años después no ha aparecido ninguna prueba, y la causa judicial que investigaba el espionaje se cerró sin identificar siquiera a los autores.

Conviene añadir que France Soir no es un diario cualquiera en este terreno: la Comisión Paritaria de Publicaciones y Agencias de Prensa francesa (CPPAP) le retiró la acreditación de servicio de prensa en línea el 30 de noviembre de 2022, alegando falta de interés general y perjuicio a la protección de la salud pública, y se la retiró de nuevo el 26 de junio de 2024. Entre ambas fechas el medio ganó en los tribunales administrativos: un juez ordenó restituirla provisionalmente en enero de 2023 por falta de imparcialidad de la comisión, y el tribunal declaró en junio de 2024 que la retirada de 2022 fue una falta de la CPPAP.

El contexto de 2022

Los hechos que enmarcan aquella crónica sí están documentados. El 18 de marzo de 2022 Sánchez comunicó por carta al rey Mohamed VI que España consideraba el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto, un giro respecto de la neutralidad tradicional española que no había anunciado previamente en sede parlamentaria.

Argelia, principal valedor del Frente Polisario y entonces primer proveedor de gas de España, llamó a consultas a su embajador y el 8 de junio de 2022 suspendió el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado con España en octubre de 2002.

Que ambas cosas ocurrieran no establece la causa de la primera. Esa es exactamente la pregunta que la crónica de France Soir se hacía en 2022 y que sigue abierta.

Lo que esta pieza no afirma

• Que la autoría marroquí del espionaje a Pedro Sánchez esté judicialmente establecida. Lo que hay es una atribución periodística y forense —la del Pegasus Project, con las pruebas validadas por Amnistía Internacional—, los indicios que remitió la justicia francesa, y una negativa marroquí. Ninguna resolución judicial española lo ha declarado; la causa está archivada sin autor conocido.
• Que Jabaroot tenga los archivos de Pegasus que dice tener.
• Que existiera chantaje alguno sobre el presidente del Gobierno, ni que el giro sobre el Sáhara Occidental respondiera a presión de ningún tipo.
• Que exista material comprometedor sobre Begoña Gómez en lo extraído del teléfono. Nadie lo ha mostrado y ninguna instancia judicial lo ha examinado.