La Fiscalía General del Estado pide que se tome en serio lo que pasa en las aceras. «Urge la adopción de todo tipo de medidas», escribe, no solo «de vigilancia, disciplina y sanción, sino también preventivas y educativas», para corregir las disfunciones que rodean a los vehículos de movilidad personal (VMP), la categoría legal en la que entran los patinetes eléctricos. La advertencia está en el capítulo de Seguridad Vial de su Memoria correspondiente a 2025, el documento anual con el que el Ministerio Fiscal rinde cuentas de su actividad, presentado el 10 de septiembre de 2026 en la apertura del año judicial. Difundió el contenido de ese capítulo Europa Press el 13 de septiembre.

Lo que preocupa a los fiscales es el doble papel del patinete. «Gran parte» de los fiscales delegados provinciales «siguen insistiendo, como en ejercicios anteriores, en el aumento de la siniestralidad urbana» asociada a estos vehículos, resume el capítulo: sus usuarios son «claramente vulnerables frente al resto de vehículos motorizados», pero «en ocasiones son también vulnerantes frente a otros colectivos como el de peatones». Se han abierto procedimientos penales y formulado acusaciones contra conductores de VMP por delitos de resultado imprudente, «en algunos casos con fallecidos o lesionados de gravedad».

El capítulo no pone ni una cifra a ese aumento. La advertencia nace de lo que cada fiscal delegado cuenta en su memoria provincial, no de una estadística de siniestros con patinetes. La propia Memoria explica por qué anda escasa de números urbanos: el balance de siniestralidad que maneja, el provisional de la Dirección General de Tráfico, solo cubre vías interurbanas y víctimas registradas en las 24 horas siguientes al siniestro —1.119 muertos en carretera en 2025, 35 menos que en 2024, y 4.936 heridos hospitalizados, 302 más—, mientras que los datos definitivos de vías urbanas no estaban disponibles cuando se redactó el texto. Y el patinete es, sobre todo, un vehículo de ciudad.

Donde sí hay volumen es en las multas. La Memoria habla de un «elevado volumen» de denuncias administrativas contra usuarios de VMP en algunas ciudades: las más numerosas, por circular por la acera; después, por llevar a dos o más personas en el vehículo, por usar el móvil al conducir o por hacerlo con cascos o auriculares. Los fiscales añaden un problema más técnico y menos visible: en algunos territorios cuesta conseguir informes periciales fiables que digan si un aparato es de verdad un VMP o «auténticos ciclomotores o, incluso, motocicletas» disfrazados de patinete, una etiqueta de la que depende el tratamiento legal del conductor.

Las medidas que reclaman no son nuevas: el capítulo remite a las que ya propuso el Dictamen 2/2021 del Fiscal de Sala de Seguridad Vial, hace cinco años.

60.492 expedientes por drogas, el máximo de la serie

El otro aviso del capítulo va sobre las drogas al volante. En 2025 se tramitaron 60.492 expedientes sancionadores administrativos por presencia de drogas en el ámbito de la DGT, unos 3.000 más que en 2024 —un 5%— y la cifra más alta de la serie que publica la Memoria, que arranca en 2018. Son datos provisionales a fecha de marzo de 2026, según advierte el propio documento. Por eso los fiscales insisten «como en años precedentes» en la necesidad de «nuevas políticas preventivas y educativas, además de las sancionadoras» para abordar el binomio drogas-conducción, «en progresivo y alarmante desarrollo»: el adjetivo, en el texto original, califica ese fenómeno, no solo la cifra de expedientes.

El movimiento tiene sentido inverso al del alcohol. En la misma tabla, los expedientes por alcoholemia bajan de 75.516 a 71.240, y los procedimientos penales que recoge caen de 63.466 a 53.811. La Memoria vincula el alza de las sanciones por drogas a que se hacen más controles: 144.900 pruebas de detección en 2025 en el ámbito de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), unas 22.000 más que el año anterior, un 18% de subida. Y avisa de que la valoración es provisional y ha de tomarse «con cautela», porque no incluye los controles de las policías autonómicas y locales.

Al juzgado llega una parte mínima de todo eso. En 2025 la ATGC instruyó 445 diligencias penales por drogas: 294 de los 3.274 positivos en controles tras un accidente (el 9%), 75 de los 5.348 en controles por infracción (1,4%) y 76 de los 49.918 en controles preventivos (0,15%). Son un 5% menos que las 470 del año anterior, aunque siguen siendo la segunda cifra más alta de la serie. La razón del embudo la da la Memoria: el delito del artículo 379.2 del Código Penal no se conforma con detectar la droga en el cuerpo, exige acreditar que influía de verdad en las facultades del conductor, «lo que no siempre es de fácil acreditación».

Conducir sin permiso desplaza al alcohol

El capítulo estadístico describe un 2025 a la baja en casi todo: descienden los procedimientos incoados, las acusaciones del fiscal y las condenas por delitos contra la seguridad vial, rompiendo la estabilización de 2023 y 2024. Y hay un cambio de fondo: por primera vez en la serie histórica, los tres tipos de conducción sin permiso del artículo 384 —sin haberlo obtenido nunca, con retirada judicial o con todos los puntos perdidos— desplazan a la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas como delito vial más numeroso. El 384 concentra el 51% de las acusaciones de 2025 (45% en 2024) y el 379.2 baja al 43% (48% en 2024), con 33.473 acusaciones y 31.159 sentencias, mínimos de toda la serie.

Las cifras de la negativa a someterse a las pruebas de alcohol y drogas (artículo 383) también bajan: un 25% las acusaciones, hasta 2.680, y un 35% las condenas, hasta 2.258 —acusaciones y condenas penales, no expedientes administrativos—. En el exceso de velocidad punible (artículo 379.1), la Fiscalía formuló 724 acusaciones, un 5% menos, y recayeron 677 condenas, un 2% menos; aun así, ese volumen de condenas es el segundo mayor de la serie histórica, solo por detrás de 2024. Es, con todo, un delito residual: absorbe menos del 1% de las acusaciones y condenas por delitos viales.

Es la misma Memoria de la que ya salieron el balance de causas por maltrato animal y el porcentaje de incendios forestales intencionados de 2025.

Fuentes

• Fiscalía General del Estado, Memoria de 2025, capítulo III.5.2, «Actividad de la Unidad» (Seguridad Vial) (documento primario, consultado el 13 de septiembre de 2026).
• Fiscalía General del Estado, Memoria de 2025, capítulo III.5.4, «La estadística de procedimientos judiciales» (documento primario, consultado el 13 de septiembre de 2026).
• Europa Press, «Fiscalía “urge” a adoptar medidas y sanciones ante el aumento de la siniestralidad de los patinetes», 13 de septiembre de 2026.

Un solo medio ha difundido esta información, Europa Press. Todas las citas y cifras de esta noticia se han comprobado una a una en los dos capítulos de la Memoria enlazados arriba, que es documento de la propia Fiscalía sobre su actividad. Los datos de expedientes administrativos y controles proceden de la DGT y los reproduce la Memoria.