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Fiscalía abre más de 30 causas por agresión sexual a migrantes en Ceuta

La Fiscalía General del Estado cifró el viernes 11 de septiembre de 2026 en «más de 30» los procedimientos abiertos por agresiones sexuales a mujeres migrantes en Ceuta desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio, y precisó que en el 40 % de esos casos las víctimas fueron menores no acompañadas. El dato salió del comunicado de la reunión entre la fiscal general, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que acordaron acelerar el traslado de niños y niñas a la Península.

Renato Davila · 12 de septiembre de 2026 · nacional

Fachada de piedra blanca de un palacio del siglo XIX, con balaustrada y bandera de España ondeando en la cubierta, vista desde la acera a través de una verja de hierro negro rematada en puntas de lanza y cerrada ante la entrada principal.
Imagen de archivo: sede de la Fiscalía General del Estado, en el palacio del marqués de Fontalba de Madrid, donde se reunieron la fiscal general y la ministra de Juventud e Infancia. Fotografía tomada en mayo de 2022. (Foto: Zarateman, CC0 1.0 (Wikimedia Commons))

La Fiscalía General del Estado ha abierto «más de 30» procedimientos por agresiones sexuales a mujeres migrantes en Ceuta desde la entrada masiva de personas del 30 y 31 de julio de 2026, y en el 40 % de esos casos las víctimas fueron menores no acompañadas: niñas y niños que cruzaron sin ningún adulto a cargo. El Ministerio Fiscal hizo público el dato el viernes 11 de septiembre en el comunicado de la reunión de trabajo entre la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, celebrada ese día en la sede de la Fiscalía en Madrid.

La nota no traduce ese 40 % a un número absoluto. Sobre el suelo que fija la propia Fiscalía —30 procedimientos—, equivale al menos a doce casos con víctimas menores de edad y sin familia que responda por ellas.

La cifra no se compara sin más con las anteriores

Es el cuarto dato oficial sobre estas agresiones en cinco semanas, y cada uno mide algo distinto. El 8 de agosto la Delegación del Gobierno confirmó que un juzgado de Ceuta investigaba seis casos. El 27 de agosto Peramato habló en Ceuta de 16 agresiones con 17 víctimas, la mayoría menores. El 31 de agosto la Fiscalía elevó la cuenta a 23: nueve víctimas de entre 14 y 17 años, cinco violaciones y ocho presuntos autores identificados; el Ministerio de Igualdad dio esa misma tarde 21 casos en el Congreso, sin que nadie haya conciliado después ambos números.

Ahora la unidad de cuenta cambia otra vez: la Fiscalía no habla de agresiones registradas, sino de procedimientos abiertos. No son lo mismo. Un procedimiento puede agrupar más de un hecho, y el comunicado no distingue cuántos son diligencias de investigación del propio Ministerio Fiscal —la averiguación que la Fiscalía abre por su cuenta antes de llevar el asunto a un juez— y cuántos son ya causas en manos de un juzgado. Tampoco dice cuántas víctimas suman en total ni en qué fase está cada expediente.

Sobre los presuntos agresores, la Fiscalía no ha añadido nada desde el 31 de agosto, cuando citó ocho identificados. Identificado no significa detenido, ni investigado, ni condenado: mientras no haya sentencia rige la presunción de inocencia.

El acuerdo: 500 plazas y traslados más rápidos

Peramato y Rego coincidieron en la necesidad de acelerar el traslado a la Península de los niños y niñas que siguen en Ceuta, y en que las niñas son las que están en situación de mayor vulnerabilidad. La ministra informó a la fiscal general de que el Gobierno ha habilitado 500 plazas peninsulares para hacer ese traslado «en el menor tiempo posible».

El comunicado detalla además el decreto que la fiscal general dictó el 7 de agosto con pautas de protección para los menores migrantes no acompañados en Ceuta. Ordena a los fiscales delegados de menores intervenir «en caso de que la entidad pública de la comunidad autónoma de destino rechace o muestre reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva de las y los menores que por reparto le correspondan», en cuanto conozcan la resolución de traslado. La entidad pública es el servicio autonómico de protección de la infancia, el que asume la tutela del menor al llegar.

Rego reprocha a Marruecos que no responda

Ese mismo 11 de septiembre, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Rego reprochó a Marruecos la «falta de acción y respuesta» para facilitar el regreso de los menores, incluso cuando el niño y su familia quieren la reagrupación: «Tengo la anécdota de un niño que quería volver con su familia, estoy hablando de antes del día 30 de julio, la familia quería acoger a su niño y no fue posible por la falta de respuesta y falta de acción de Marruecos». La ministra dijo que la Fiscalía tiene abiertos 600 expedientes de procesos anteriores a la entrada masiva a los que Rabat no contesta. Sus palabras llegan después de un comunicado marroquí que afea a España no devolver a los menores ni expulsar a los migrantes que entraron de forma irregular.

Rego confirmó también la salida de las primeras cinco niñas de Ceuta, que serán acogidas en Navarra por un acuerdo bilateral entre comunidades autónomas, y no concretó si habrá más traslados. De las niñas dijo que muchas «huyen de situaciones terribles, de matrimonios forzados», y de los retornos a Marruecos, que son «minoritarios» porque «no siempre hay familia de retorno».

La ministra cifró en unos 2.000 los menores extranjeros no acompañados que hay hoy en la ciudad. El Gobierno dio el 1 de septiembre una cifra menor y de otra naturaleza: 1.612 menores filiados —identificados y registrados uno a uno—, de los que 1.129 lo fueron tras la entrada masiva; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, admitió entonces que el número exacto de los que faltan por filiar «es imposible darlo». Ninguna administración ha explicado cómo encajan las dos cuentas.

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