Cinco internos del centro de internamiento juvenil de Sograndio, en el concejo de Oviedo, se fugaron la tarde del lunes 3 de agosto de 2026 aprovechando un motín en el interior de las instalaciones. Salieron por el vallado exterior de la zona de talleres. Cinco vigilantes de seguridad resultaron heridos leves, con contusiones, cuando intervinieron para cortar la pelea, según elDiario.es y la radiotelevisión pública asturiana RTPA. El suceso lo adelantó el diario asturiano El Comercio.

Sograndio no es una cárcel. Es un centro de responsabilidad penal de menores: allí se cumplen las medidas de internamiento que imponen los juzgados de menores, un régimen educativo y no penitenciario. Dos de los cinco fugados son mayores de edad, algo que la ley permite y que está detrás de buena parte del conflicto que arrastra el centro.

La plantilla de seguridad contuvo el amotinamiento. Se pidieron refuerzos a la Guardia Civil, que finalmente no tuvo que entrar: cuando los agentes llegaron, la pelea había terminado, según El Confidencial. Guardia Civil y Policía Local montaron desde esa misma tarde un dispositivo de búsqueda. La noche del martes 4 de agosto los cinco seguían sin localizar, y el Principado anunció que reforzará el vallado del recinto, informó RTPA. El Confidencial añade que el Gobierno asturiano abrió además una investigación propia sobre lo ocurrido; ese extremo no aparece en el resto de informaciones consultadas.

La agencia Europa Press confirmó el martes la fuga de los cinco internos y la búsqueda por la Guardia Civil.

Por qué hay adultos en un centro de menores

La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores permite que quien delinquió siendo menor termine de cumplir su medida en uno de estos centros aunque ya haya cumplido los 18 años. Su artículo 14 solo obliga a trasladar al interno a una prisión ordinaria cuando cumple una medida de internamiento en régimen cerrado y un juez de menores lo ordena por auto motivado, tras oír a la Fiscalía, al abogado, al equipo técnico y a la administración.

Esa es la costura por la que se rompe Sograndio. El diario El Comercio publicó el 5 de agosto que el Principado —que tiene las competencias de Justicia y del que depende el centro— había pedido antes del motín retirar el régimen semiabierto a dos de los cinco internos que acabaron fugándose. El régimen semiabierto, definido en el artículo 7 de esa misma ley, permite al interno residir en el centro pero realizar parte de las actividades fuera, en contacto con la comunidad; el régimen cerrado no. Según ese diario, un juez aceptó la petición para uno de los dos y otro la denegó para el segundo, apoyándose en un informe trimestral de los educadores que constataba su buen comportamiento. Sin ese primer paso, el Principado no podía pedir el traslado al centro penitenciario.

Tres meses de avisos

El motín del 3 de agosto no llega de sorpresa. El 5 de mayo de 2026, el comité de empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos exigió la destitución inmediata de la directora del centro por un «colapso absoluto de la dirección y una pérdida total de control», según Europa Press. El comité relataba al menos tres agresiones en pocos días —un vigilante recibió patadas en las costillas y una educadora fue golpeada con un palo de billar durante una intervención— y sostenía que cuatro internos tuvieron que ser trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias por problemas de salud derivados del estrés. «Su continuidad es incompatible con la seguridad, la legalidad y la prestación de un servicio público digno», escribió sobre la directora, a la que también reprochó no haber acudido al centro durante los incidentes. Ni la Consejería ni la dirección del centro respondieron a esas acusaciones en las informaciones consultadas.

En junio, la conflictividad y las agresiones llevaron al Gobierno asturiano a intervenir la gestión del centro. Ese mismo mes, recuerda elDiario.es, otro altercado con ocho internos dejó cuatro trabajadores heridos, tres de ellos con atención hospitalaria.

Tras la fuga, la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, registró la solicitud de comparecencia del consejero de Hacienda y Justicia, Guillermo Peláez, de la viceconsejera de Justicia y del jefe de servicio de Justicia del Menor, y acusó al presidente asturiano, Adrián Barbón, de «ocultar el colapso» del centro, según Europa Press.

Qué queda por confirmar

• Si los cinco fugados han sido localizados. El último dato verificado es de la noche del martes 4 de agosto: seguían en busca y captura.
• Un balance oficial del Principado sobre el motín, sus causas y el estado de los vigilantes heridos. Las cifras disponibles proceden de los medios asturianos y de fuentes sindicales.
• Qué medidas concretas, más allá del refuerzo del vallado, adopta el Gobierno asturiano sobre la dirección y la seguridad del centro.

Ninguna de las fuentes consultadas identifica a los internos implicados, y esta información tampoco lo hace: son personas sujetas a medidas judiciales de menores y las circunstancias del motín están sin esclarecer.

Fuentes

• elDiario.es, «Cinco vigilantes heridos y cinco jóvenes fugados, balance de un motín en el Centro Juvenil de Sograndio en Oviedo» (4 de agosto de 2026).
• RTPA, «Continúa la búsqueda de los 5 internos de Sograndio fugados ayer lunes tras un altercado» (4 de agosto de 2026).
• Europa Press, «Vox alerta de la “grave” inseguridad en el Centro de Menores de Sograndio tras la fuga de cinco internos» (4 de agosto de 2026).
• Europa Press, «El Comité de Empresa exige la destitución de directora del Centro de Menores de Sograndio por “colapso”» (5 de mayo de 2026).
• El Confidencial, «Un motín en el centro de menores de Sograndio (Asturias) deja varios heridos y 5 fugados: la Guardia Civil los busca» (4 de agosto de 2026).
• El Comercio, «La Justicia denegó endurecer el régimen de internamiento a uno de los fugados de Sograndio» (5 de agosto de 2026).
• BOE, Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (texto consolidado).