Izquierda Unida ha llevado al Congreso el bolsillo de los abonados del Rayo Vallecano. El portavoz parlamentario de la formación, Enrique Santiago, y el diputado Nahuel González, responsable de Deportes del grupo Sumar, han registrado una serie de preguntas al Gobierno para saber si el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, piensa actuar para exigir al club que devuelva el importe de los abonos correspondiente a los partidos que se disputen fuera de la Comunidad de Madrid, algo que, dicen, «preocupa a muchos socios». Lo publicó Europa Press el 4 de agosto de 2026.

Los dos diputados preguntan además si el Ejecutivo prevé «alguna otra solución a la afición y a la comunidad vecinal» ante el problema. Se trata de preguntas parlamentarias, el instrumento con el que un diputado obliga al Gobierno a contestar por escrito o en el pleno: registrarlas no cambia nada por sí mismo, pero abre un plazo de respuesta. Ni el Ministerio de Derechos Sociales ni la Secretaría de Estado del Deporte se habían pronunciado sobre ellas en la información de la agencia. El texto íntegro solo será público cuando la Mesa del Congreso califique la iniciativa y la publique en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Un estadio suspendido y un plan B a 250 kilómetros

El origen de todo es el pulso por el Estadio de Vallecas. La Comunidad de Madrid, propietaria del recinto, dictó una orden de extinción de la concesión —el contrato que permite al club gestionar y explotar la instalación—, con suspensión cautelar inmediata, después de que una auditoría iniciada en octubre detectara «graves» deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento. El 29 de julio el conflicto llegó a la puerta del campo: el Gobierno regional denunció al club ante la Policía Nacional por impedir el acceso a los operarios que iban a ejecutar las obras urgentes.

Con el estadio bloqueado, «diversas informaciones» apuntan a que el Rayo baraja jugar como local en El Plantío, en Burgos, a unos 250 kilómetros de Madrid, según recoge Europa Press. El club no lo ha confirmado públicamente: la mudanza es, por ahora, una hipótesis, no una decisión anunciada. Y de esa hipótesis nace la pregunta que ya circulaba entre la afición: quien pagó un abono para ver a su equipo en su barrio, ¿qué hace si el equipo juega a más de dos horas de coche?

La asociación de consumidores Facua se había adelantado: el 3 de agosto reclamó al Rayo que reembolse el dinero de los abonos a los aficionados que no puedan acudir a los partidos disputados fuera de la Comunidad de Madrid, según informó también la agencia.

Las cifras que aporta IU, sin contrastar

Santiago y González sostienen que el club abrió la campaña de abonados «sabiendo que las condiciones del estadio impedirían disfrutar de su uso» y que «muchos socios ya han desembolsado el importe de los abonos para una actividad que no se sabe si podrán disfrutar». Son, afirman, «los abonos más caros de la historia» del club: según su cálculo, el precio ha subido «como media el 15% respecto al año anterior y casi el 100% en cuatro años». Las cifras son de los diputados; el Rayo no publica una tabla histórica de precios que permita verificarlas de forma independiente, y esta información no las da por buenas.

Los dos parlamentarios describen el estadio como «un equipamiento de referencia para el distrito» y un elemento central de la «identidad popular» del barrio, y piden que cualquier actuación sobre él se ejecute con transparencia y con «mecanismos efectivos de participación vecinal y del propio “rayismo”».

La parte más gruesa de su escrito es una sospecha, planteada como pregunta: IU pide al Gobierno que aclare la veracidad de las informaciones que atribuyen al presidente del club, Raúl Martín Presa, interés en comprar terrenos de Adif —el gestor público de la red ferroviaria— para levantar un estadio nuevo. Ni los diputados aportan pruebas ni Presa ha respondido a esa insinuación; se recoge como lo que es, una pregunta registrada en el Congreso. En la misma línea, IU advierte de que «podría haberse generado una situación en la que se ha querido dejar morir el estadio para forzar la construcción de uno nuevo que pueda tener un mayor aprovechamiento económico», y reprocha «la opacidad con la que se ha actuado».

Por último, los diputados preguntan a la Secretaría de Estado del Deporte si supervisó, dentro de sus competencias, el estado del campo pese a su «degradación» y si comprobó que la Comunidad de Madrid, responsable del recinto, controlaba la situación de la instalación.

Fuentes

• Europa Press: «IU plantea que el Gobierno obligue al Rayo Vallecano a devolver el importe de los abonos si se “muda” a Burgos», 4 de agosto de 2026.
• Europa Press: «FACUA insta al Rayo a que reembolse el dinero a los abonados que no puedan acudir a partidos fuera de Madrid», 3 de agosto de 2026.
• Facua-Consumidores en Acción: «FACUA reclama al Rayo Vallecano que reembolse dinero de los abonos a quienes no puedan acudir a los partidos fuera de la Comunidad de Madrid».