Valencia y Torrent se llevan 12 millones de euros cada una; la Mancomunidad Intermunicipal Hoya de Buñol, 4,75. Entre esos dos extremos se reparten los 273.201.490 euros que el Ministerio de Hacienda asignó el jueves 27 de agosto de 2026 al Plan EDIL DANA, la línea de fondos europeos para reconstruir los municipios que arrasó la riada de finales de octubre de 2024. El dinero sale del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) —el instrumento con el que la Unión Europea cofinancia inversiones territoriales— y lo gestiona la Dirección General de Fondos Europeos, según la nota publicada por La Moncloa.

Bruselas cubre el 95% del gasto gracias a una tasa de cofinanciación extraordinaria amparada en el reglamento europeo RESTORE. De ahí la diferencia entre las dos cifras que maneja el ministerio: 273,2 millones de ayuda europea y 287,6 millones de inversión pública total movilizada. Los 14,4 millones de diferencia no los paga el fondo comunitario.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció la resolución en Mislata, uno de los municipios beneficiarios, donde visitó la avenida Gregorio Gea y la Plaza Mayor, diseñada con paisajismo técnico para funcionar como laguna de inundación controlada cuando llueva con violencia.

Quién cobra cuánto

La convocatoria recibió y aprobó 34 solicitudes. El desglose entidad por entidad, publicado por el ministerio junto a la nota, las ordena en tres categorías:

• Tres grandes ciudades. Valencia y Torrent, 12 millones cada una; Paterna, 11.999.944 euros.
• Dieciocho ciudades intermedias, con un tope de 9 millones. Lo alcanzan exactamente Algemesí, Alfafar, Xirivella, Cullera, Riba-roja de Túria, Manises y Requena. Se quedan a las puertas Picassent (8.999.999 euros), Llíria (8.999.968), Alzira (8.998.175), Aldaia (8.997.450), Catarroja y Mislata (8.996.500 cada una), Alaquàs, Bétera y Silla (8.977.500) y Paiporta (8.967.658). Sueca cierra el grupo con 8,55 millones.
• Trece Áreas Urbanas Funcionales, agrupaciones de municipios lideradas por ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, con un máximo de 6 millones. Lo tocan Alginet, Alcàsser, Carlet, la Diputación Provincial de Cuenca y la Mancomunitat de la Ribera Alta, que aparece dos veces —una por L’Alcúdia y otra por Montserrat—. Detrás quedan Benetússer (5.999.994 euros), la Mancomunitat de la Ribera Baixa (5.999.250), la Diputación de Albacete y la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (5.985.000 cada una), Picanya (5.622.953), Vilamarxant (5.420.599) y la Mancomunidad Intermunicipal Hoya de Buñol (4.750.000).

El alcance territorial son 95 municipios: 69 de la Comunitat Valenciana golpeados por la DANA —siglas de depresión aislada en niveles altos, el fenómeno meteorológico que descargó las lluvias— y otros 26 de Albacete y Cuenca, encuadrados en Áreas Urbanas Funcionales que capitanean las diputaciones provinciales «para dar respuesta a las zonas de Letur y Mira», según la nota.

Tanques de tormenta, torres de aviso y vivienda social

Las actuaciones se ordenan en tres ejes. El primero es hidráulico: separar las redes de saneamiento y de pluviales para evitar que el agua vuelva por las tuberías hacia las viviendas, pavimentos permeables, plazas que hagan de laminación natural, el tanque de tormentas del sector Parc Central en Torrent, colectores en el frente marítimo de Cullera y obras de defensa de cauces periurbanos y del polígono Fuente del Jarro en Paterna.

El segundo eje es de aviso y respuesta. Incluye Centros de Atención a la Emergencia de uso dual —equipamientos cívicos que ante una alerta se convierten en refugios estancos con autonomía energética, área sanitaria y cocina—, caudalímetros por radar en los ríos, videovigilancia de cauces, torres de aviso sonoro, anillos de fibra óptica redundante y el traslado de los sistemas informáticos municipales a la nube para evitar un «apagón administrativo». La idea, resumió el ministro, es «avisar con antelación y confiar en la ciencia a la hora de avisar a los ciudadanos y las ciudadanas de los fenómenos que se pueden ir produciendo».

El tercero se dirige a vivienda y economía local: edificios residenciales ecoeficientes para alquiler social y soluciones de transición para familias y jóvenes damnificados, rehabilitación de consultorios médicos y polideportivos y reconstrucción de mercados y áreas comerciales.

Inmediato, pero con un trámite por delante

El ministerio sostiene que las corporaciones podrán ejecutar «de manera inmediata» las actuaciones diseñadas con la metodología de los Planes de Actuación Integrados (PAI), el formato con el que cada entidad agrupa sus proyectos. Unos párrafos más abajo, la misma nota precisa el siguiente paso: la Dirección General de Fondos Europeos notificó ese jueves la resolución individualizada y abrió el plazo para que las entidades presenten la documentación con la que constituirse en Organismos Intermedios Ligeros (OIL), la figura administrativa sin la cual no pueden empezar a seleccionar ni ejecutar operaciones. La nota no fija fecha para ese trámite ni para el inicio de las obras.

Contexto

Los 273 millones se suman a una cuenta mucho mayor que lleva el propio Gobierno. El 26 de junio de 2026, tras la Comisión Mixta de la DANA celebrada en Algemesí, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifró en más de 9.600 millones de euros lo ejecutado por el Estado en la recuperación: 1.745 millones entregados a los ayuntamientos —de los que dijo haber validado obras por 1.100 millones— y 4.500 millones abonados por el Consorcio de Compensación de Seguros. Son cifras del Ejecutivo sobre su propia gestión, no verificadas de forma independiente.

Fuentes

• La Moncloa: «Hacienda asigna 273 millones de euros del Plan EDIL DANA a 95 entidades locales para dar continuidad a la reconstrucción y blindarlas frente a futuras riadas», 27 de agosto de 2026.
• Ministerio de Hacienda: tabla de ayuda asignada por entidad solicitante (imagen publicada con la nota anterior), 27 de agosto de 2026.
• La Moncloa: «El Gobierno supera los 9.600 millones de euros invertidos en la recuperación tras la DANA», 26 de junio de 2026.

Fuente única. Todo lo anterior procede del Gobierno, que aquí es la fuente-sujeto: informa de una resolución administrativa propia. Los importes del reparto están tomados del desglose oficial; las valoraciones sobre el alcance de las ayudas van atribuidas y no se han contrastado con otra fuente.