Macron promulga la ley francesa que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido
El presidente de Francia firmó el miércoles 19 de agosto de 2026 la ley del derecho a la ayuda a morir, cinco días después de que el Consejo Constitucional la avalara entera con tres reservas de interpretación. El texto permite a un enfermo grave e incurable recibir una sustancia letal y, si no puede tomársela él mismo, que se la administre un médico o un enfermero.
Emmanuel Macron promulgó el miércoles 19 de agosto de 2026 la ley relativa al derecho a la ayuda a morir (loi relative au droit à l’aide à mourir), que pasa así al Journal Officiel —el boletín oficial francés—, el trámite que faltaba para que el nuevo derecho quede incorporado al ordenamiento del país, según informó Europa Press. Francia llevaba desde marzo de 2025 discutiendo el texto, que acumuló cinco recursos ante el Consejo Constitucional antes de superar el examen.
La ley reconoce a quien lo pida el derecho a que se le autorice a recurrir a una sustancia letal y a estar acompañado mientras se la administra a sí mismo. Cuando el paciente no esté físicamente en condiciones de hacerlo, se la podrá administrar un médico o un enfermero. Esa segunda vía es la que en España y en el debate público se llama eutanasia; la primera, suicidio asistido. La descripción es la que hace el propio Consejo Constitucional al resumir su decisión.
Quién puede pedirla
Según ese mismo resumen oficial, el solicitante debe reunir cinco condiciones a la vez:
- ser mayor de edad;
- ser francés o residir en Francia de forma estable y regular;
- padecer una afección grave e incurable que comprometa el pronóstico vital, en fase avanzada o terminal;
- sufrir a causa de esa afección un padecimiento refractario a los tratamientos —es decir, que los tratamientos no consiguen aliviar— o insoportable a juicio del propio paciente cuando este ha decidido no recibir un tratamiento o interrumpirlo;
- ser capaz de manifestar su voluntad de forma libre e informada.
El procedimiento lo instruye un solo médico, aunque para comprobar que se cumplen los requisitos intervienen otros profesionales sanitarios, según la información recogida por Europa Press del diario francés Le Figaro. Quien formula la petición dispone de un plazo de retractación de dos días, uno de los puntos que los recurrentes consideraban demasiado corto.
El aval del Consejo Constitucional, con tres reservas
El 14 de agosto de 2026, el Consejo Constitucional —el órgano que en Francia comprueba que las leyes se ajustan a la Constitución antes de entrar en vigor— declaró conforme todo el articulado que se le había sometido en la decisión n.º 2026-910 DC. No tumbó ni un artículo. Pero acompañó el aval de tres reservas de interpretación: condiciones de lectura que se incorporan a la ley y vinculan a quien la aplique.
La primera afecta a las personas con una medida de protección jurídica —lo que en España sería una curatela o un apoyo a la capacidad—: el médico al que se dirija la petición deberá tener en cuenta en su decisión las observaciones recogidas de quien tiene encomendada esa protección.
La segunda extiende a los farmacéuticos la cláusula de conciencia que la ley reservaba a médicos y enfermeros. El Consejo admite que preparar o dispensar una sustancia letal puede chocar con las convicciones personales del farmacéutico, de hospital o de oficina de farmacia, y concluye que no se les puede obligar a participar.
La tercera es la de mayor alcance práctico. El responsable de un centro privado podrá negarse a que el procedimiento se desarrolle en sus instalaciones cuando sea «manifiestamente contrario» a las misiones estatutarias o al proyecto del centro, pero solo «cuando otros establecimientos estén en condiciones de responder a las necesidades locales». El Consejo tomó la fórmula, palabra por palabra, del artículo L. 2212-8 del código de la salud pública francés, el que regula la objeción en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
En el fondo del asunto, el Consejo se apoyó en su doctrina habitual para las llamadas cuestiones de sociedad: no le corresponde sustituir la apreciación del legislador por la suya propia mientras el ejercicio del derecho descanse en una voluntad libre e informada y venga rodeado de garantías apropiadas. Con ese argumento descartó los reproches contra la definición del derecho, contra la cláusula de irresponsabilidad penal de quienes intervienen y contra las condiciones de acceso, según el comunicado de prensa del propio órgano.
Año y medio de bloqueo parlamentario
La ley nació como proposición de ley registrada en la Asamblea Nacional el 11 de marzo de 2025 con el título «relativa al final de la vida», según el expediente legislativo de la cámara. El recorrido fue un pulso entre las dos cámaras: la Asamblea la aprobó, el Senado la rechazó, y así en sucesivas lecturas. La comisión mixta paritaria —el órgano de diputados y senadores que intenta pactar un texto común cuando las cámaras no se entienden— se reunió el 19 de mayo de 2026 y terminó en desacuerdo.
Al final se aplicó el artículo 45.4 de la Constitución francesa, que permite al Gobierno dar la última palabra a la Asamblea Nacional. Esta adoptó el texto definitivamente el 15 de julio de 2026, según el Consejo Constitucional.
Cinco recursos siguieron a esa votación: el del primer ministro, el del presidente del Senado y tres parlamentarios, firmados por más de sesenta senadores de Los Republicanos, más de sesenta diputados de la derecha y el centro y más de sesenta diputados de Reagrupamiento Nacional. Alegaban, entre otras cosas, vulneración de la dignidad humana y del respeto a la vida, del principio de fraternidad y de la libertad de conciencia de los directores de centros, y falta de precisión en los términos de la ley: cómo asegurarse, preguntaban, de la «voluntad informada» de una persona en situación de gran vulnerabilidad.
El texto adoptado y la legislación consolidada que el Consejo examinó están publicados íntegros.
Nota de servicio. Esta información trata de una ley sobre el final de la vida en pacientes con enfermedades graves, no de conducta suicida. Siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud: en España, la línea 024 atiende de forma gratuita y confidencial, las 24 horas, a quien tiene pensamientos suicidas y a su entorno.
Fuentes
- Europa Press, «Macron promulga la ley que legaliza la eutanasia y el suicido asistido en Francia», 19 de agosto de 2026 (recoge a su vez informaciones de Le Figaro).
- Consejo Constitucional francés, decisión n.º 2026-910 DC de 14 de agosto de 2026, comunicado de prensa y resumen «la decisión en breve».
- Asamblea Nacional francesa, expediente legislativo «Fin de vie» y texto adoptado.
El texto tal como se publica en el Journal Officiel no ha podido consultarse para esta información: Légifrance, la base oficial de legislación francesa, devolvía el 19 de agosto de 2026 un bloqueo de acceso automatizado (error 403). Los datos sobre la promulgación proceden de Europa Press; los relativos al contenido de la ley y a su tramitación, de los documentos oficiales enlazados.