Empecemos por lo que no admite relato: 67 personas murieron en el mar intentando llegar a Ceuta en un solo episodio. En lo que va de año son 97 muertos, o 99: ni siquiera eso está claro, porque no existe un balance oficial publicado y las cuentas de las agencias no coinciden. Que a estas alturas este país no lleve un recuento público y verificable de quienes mueren en su frontera no es un detalle estadístico. Es la medida exacta de la importancia que se les da.

Un fracaso que se veía venir

Lo del jueves no cayó del cielo. Ceuta encadenaba semanas de repunte: cuatro ahogados el día 26, 1.500 llegadas a nado el 29, un CETI desbordado que obligó al primer traslado a la península. Y aun así, la entrada de 50.000 o 60.000 personas en una sola jornada —tampoco esa cifra tiene recuento independiente— pilló al Estado sin plan. El mismo Gobierno que tendió una barrera de 500 metros en 48 horas no fue capaz de desplegar antes lo único que habría evitado muertos: previsión. Un Estado serio no se entera de una crisis de esta escala por las playas.

La factura más grave la pagan los que menos culpa tienen: unos 7.000 menores, según Save the Children y el propio presidente ceutí, llegados a una ciudad donde Cruz Roja ni siquiera pudo aplicar su protocolo de identificación. Hoy están bajo responsabilidad de España, diga lo que diga cualquier relato político. Su protección no es negociable ni aplazable.

La niebla no es inocente

El Gobierno atribuye la avalancha a las mafias y a una «lectura interesada» de la sentencia del Supremo. No ha aportado una sola prueba de esa relación causa-efecto, y la abogada que ganó aquel caso la niega y apunta a una crisis política con Marruecos. Puede que tenga razón el Ejecutivo, puede que no: el problema es que pide ser creído sin enseñar los datos. Mientras tanto, 48.300 personas fueron retornadas en un día con una fluidez que nadie explica. Una frontera que se abre y se cierra con esa precisión no es un accidente meteorológico: es una palanca, y ya se usó en 2021. La relación con Rabat no puede seguir siendo una caja negra que solo se abre cuando revienta.

El agravio no es una política

Y luego está Europa. Italia ha suspendido Schengen con España y otros socios piden medidas; el Gobierno responde llamando «egoístas» a los socios y «ilegal» a su reacción. Conviene decirlo con claridad, aunque escueza: la reacción de esos países no nos escandaliza. Un espacio sin fronteras interiores se sostiene sobre una sola cosa, la confianza en que cada Estado controla su tramo de frontera exterior; cuando esa confianza se rompe, los controles son la consecuencia lógica, no una agresión. La mejor defensa de España esta semana no la ha hecho la Moncloa, sino la Comisión Europea, con un hecho: no hay movimientos desde Ceuta hacia la península. Eso —hechos verificables, no cartas indignadas— es lo que recupera la confianza perdida.

Este periódico no le debe pleitesía a ningún Gobierno, y a este le pedimos lo que pediríamos a cualquiera: un recuento oficial y auditable de muertos y llegadas; la identificación y protección efectiva de cada menor; una comparecencia que explique por qué nadie vio venir lo que Ceuta llevaba semanas gritando; y una política con Marruecos hecha de acuerdos públicos, no de espigones. Los muertos de El Tarajal no necesitan consignas. Necesitan que no vuelva a pasar.