La Secretaría de Estado de Educación ha firmado los certificados que dan por cumplidos los dos grandes compromisos de digitalización educativa que España asumió ante Bruselas a cambio de 1.285 millones de euros de fondos europeos. Lo anunció el propio Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes el jueves 20 de agosto de 2026 en una nota difundida a través de La Moncloa. La cifra que encabeza el anuncio: 666.318 docentes con la competencia digital acreditada.

Conviene fijar quién dice qué. El ministerio no informa de que alguien haya comprobado esos números: informa de que él mismo los ha certificado. La verificación llega después y la hace la Comisión Europea, que a 20 de agosto de 2026 no se había pronunciado.

Los cuatro números y sus objetivos

Un hito —en la jerga del plan europeo— es cada compromiso concreto cuyo cumplimiento condiciona el pago del dinero. España se comprometió a cuatro cifras en materia de digitalización educativa y el ministerio dice haber superado las cuatro:

Compromiso	Objetivo	Cifra certificada	Diferencia
Docentes con competencia digital acreditada	567.744	666.318	+98.574 (+17,4%)
Planes digitales de centro publicados	22.000	23.004	+1.004 (+4,6%)
Aulas digitalizadas	240.000	278.449	+38.449 (+16,0%)
Dispositivos distribuidos	300.000	374.747	+74.747 (+24,9%)

Fuente: nota del Ministerio de Educación, 20 de agosto de 2026. Las diferencias son el resultado de restar esas cifras entre sí.

El titular del ministerio habla de «100.000 más que el objetivo fijado». La nota, sin embargo, maneja dos objetivos distintos para el profesorado. En el párrafo donde detalla el gasto dice que se comprometió a certificar «al menos 560.000 docentes»; en el apartado del programa dice que el «objetivo inicial» era 567.744. Contra la primera cifra sobran 106.318 acreditaciones; contra la segunda, 98.574. El 17% de exceso que también cita la nota solo cuadra con la segunda. El redondeo a 100.000 se apoya en la cifra más baja.

Dónde han ido los 1.285 millones

El desglose que publica el ministerio suma exactamente el total, algo que no siempre ocurre en las notas del departamento:

• 821 millones para instalar y mantener aulas digitales interactivas: el 64% del presupuesto, el capítulo dominante. Repartidos entre las 278.449 aulas que declara digitalizadas, salen unos 2.950 euros por aula, mantenimiento incluido.
• 296 millones para cerrar la transformación digital de la educación: la certificación de los docentes y el apoyo a los centros en sus estrategias digitales.
• 149 millones para comprar ordenadores portátiles destinados a reducir la brecha digital del alumnado. Entre los 374.747 dispositivos entregados salen unos 400 euros por aparato.
• 19 millones para la capacitación en el uso de los sistemas digitales interactivos.

Todo ello procede de los fondos NextGenerationEU, la deuda que la Unión Europea emitió en común para financiar la salida de la crisis de la covid, dentro del Componente 19 del plan español, el llamado «Plan nacional de competencias digitales».

Un certificado firmado a once días del cierre

Los papeles que ha firmado la Secretaría de Estado corresponden a lo que la nota identifica como CID 290 y CID 291, la numeración con la que la decisión de ejecución del Consejo de la UE ordena los hitos y objetivos del plan español. Amparan dos programas de cooperación territorial con las comunidades autónomas: #CompDigEdu, el de formación y acreditación del profesorado, y #EcoDigEdu, el de dispositivos y aulas.

La fecha no es casual. El plazo para ejecutar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia expira el 31 de agosto de 2026, once días después de la firma, y las últimas solicitudes de pago deben presentarse antes de que termine septiembre, según el calendario de cierre del fondo europeo. El Gobierno aprobó el 28 de julio la adenda de cierre del plan, que reescribió la redacción de 121 hitos y objetivos «para dar mayor claridad al proceso evaluador». Estos dos hitos llegan a la meta dentro de ese calendario apurado.

La nota dice que la evaluación de la Comisión se hará «próximamente». No hay indicio de que sea rápida: Bruselas tardó seis meses en dictaminar sobre la segunda solicitud de pago de Suecia, presentada el 23 de enero de 2026 y evaluada el 23 de julio.

Lo que la nota no cuenta

Cuatro huecos, todos relevantes para juzgar el anuncio, y ninguno cubierto por el texto del ministerio:

1. Cuánto dinero depende de estos dos hitos. La nota no lo dice, ni en qué solicitud de pago van incluidos.
2. Qué significa «acreditar la competencia digital». No se especifica qué nivel del marco de referencia hay que alcanzar, ni cómo se acredita, ni sobre qué universo de profesorado se cuenta —si incluye a docentes de centros privados o concertados, o si los 666.318 son personas distintas.
3. Cuándo resolverá la Comisión. «Próximamente» es todo lo que se ofrece.
4. Los propios certificados. El ministerio no publica ni los documentos firmados ni los «mecanismos de verificación» que dice haber revisado.

Hay motivo para no dar por buenas sin más las cifras de este departamento. En julio, su nota sobre las becas universitarias del curso 2024-2025 hablaba de «unos 300.000» beneficiarios cuando su propia Estadística de Becas y Ayudas al Estudio contabilizaba 496.003 becarios. En este caso no existe una estadística pública equivalente con la que contrastar las acreditaciones docentes: quien tiene que hacer esa comprobación es Bruselas, y todavía no la ha hecho.

Fuentes

• La Moncloa / Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, «Acreditada la competencia digital de más de 665.000 docentes, 100.000 más que el objetivo fijado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», 20 de agosto de 2026. Documento primario y fuente única de todas las cifras de esta información, que no han sido verificadas de forma independiente.