Más de 200 policías bolivianos patrullan desde el martes 4 de agosto el municipio de San Matías y sus alrededores, en el extremo oriental del departamento de Santa Cruz, contra la frontera con Brasil. El contingente llegó la noche del lunes 3 de agosto y ya trabaja sobre el terreno con rastreos, registros y controles preventivos, según el subcomandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Juan Carlos Revollo, en declaraciones a la cadena boliviana Unitel que recogió Europa Press el 4 de agosto. La agencia transcribe el apellido del mando como «Rebollo».

El despliegue responde a una racha de asesinatos en esa franja fronteriza. La Policía cifra en nueve los muertos en menos de una semana, según el mismo despacho. El diario cruceño El Deber, que sigue el caso desde el terreno, contaba seis víctimas un día antes, el 3 de agosto, entre el 30 de julio y el 2 de agosto. Ninguna autoridad boliviana ha difundido un balance oficial por escrito: las dos cifras proceden de declaraciones policiales y no son directamente comparables.

Una emboscada a una patrulla

La secuencia que ha desencadenado la operación, según El Deber, empieza el jueves 30 de julio, cuando un grupo armado irrumpió en una propiedad de San Matías y disparó contra cuatro personas: tres murieron allí mismo y la cuarta, al día siguiente, en un hospital de Cáceres, ciudad del estado brasileño de Mato Grosso, al otro lado de la frontera.

El 31 de julio, en la localidad de Ascensión de la Frontera, otro grupo emboscó una camioneta en la que viajaba una comisión policial. Uno de los agentes fue acribillado y los atacantes se llevaron el cuerpo. Apareció dos días después, cerca de una pista de aterrizaje clandestina y calcinado, según explicó el subcomandante general de la Policía Boliviana, Juan Peña Rojas, en declaraciones recogidas por El Deber el 3 de agosto. Se trata del subteniente Yerson Salazar Aliendres —Europa Press lo describe como teniente; la Policía anunció su ascenso póstumo—, cuyo cuerpo fue trasladado en helicóptero a Santa Cruz de la Sierra. El domingo 2 de agosto, un veterinario fue asesinado a tiros en San Ignacio de Velasco mientras limpiaba su negocio.

Por la muerte del subteniente hay un hombre en detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, por su presunta vinculación con el ataque; la investigación sigue abierta y no hay condena. La Policía busca además al presunto cabecilla de la emboscada, al que identifica con el alias «El Grillo», y sostiene que la red implicada la forman ciudadanos brasileños y bolivianos.

Quién dice qué

Las autoridades bolivianas atribuyen la violencia a una pugna de poder entre dos organizaciones criminales brasileñas: el Comando Vermelho —«Comando Rojo» en portugués— y el Primer Comando de la Capital (PCC, del portugués Primeiro Comando da Capital). La atribución es de la propia Policía y de la Gobernación de Santa Cruz; no hay resolución judicial que la respalde.

Las cifras del despliegue tampoco cuadran del todo, porque miden cosas distintas: Europa Press habla de más de 200 efectivos en San Matías y su entorno, mientras que Revollo dijo el 3 de agosto a El Deber que había «más de 250 efectivos entre San Ignacio de Velasco y San Matías», un perímetro más amplio. El subcomandante general cifró en unos 150 los agentes de unidades especializadas movilizados a San Matías, Ascensión de la Frontera y Las Petas.

Al operativo policial se han sumado militares. El Ministerio de Defensa anunció en sus redes sociales, según recogió El Deber, que el Regimiento de Infantería 14 Florida, de la Quinta División del Ejército, intensificó los controles en el casco urbano de San Matías en coordinación con la Policía.

Contexto

San Matías no es un escenario nuevo. La propia Policía Boliviana mantiene en su lista pública de prófugos, publicada el 6 de abril de 2024, la ficha de un ciudadano brasileño al que describe como miembro del PCC, prófugo de la justicia brasileña y vinculado a «los últimos hechos de muerte de persona en San Matías». Es decir: hace más de dos años la institución ya situaba a esa organización en el mismo municipio.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, sostuvo el 3 de agosto en el programa A Primera Hora, del Grupo El Deber, que la emboscada a los policías fue «una operación criminal planeada» con información filtrada y la calificó de «declaración de guerra» al Estado. También afirmó que los medios desplegados son insuficientes frente al armamento de esos grupos. Es una valoración de un cargo de la Gobernación, no un hecho verificado.

Lo que este periódico no ha podido establecer: si el balance de nueve muertos incluye o no víctimas fuera de esa franja fronteriza, cuánto tiempo permanecerá el contingente y qué respaldo probatorio tiene la atribución a las dos organizaciones brasileñas más allá de las declaraciones policiales. Si aparece un balance oficial que corrija estas cifras, la información se actualizará con nota de corrección visible.

Fuentes

• Europa Press: «Bolivia despliega 200 policías en su frontera con Brasil tras nueve muertes atribuidos a bandas brasileñas», 4 de agosto de 2026.
• El Deber: «Movilizan a más de 250 policías entre San Ignacio de Velasco y San Matías tras muertes violentas», 3 de agosto de 2026.
• El Deber: «“Fue calcinado”: investigan red de brasileños y bolivianos por la muerte del subteniente Salazar», 3 de agosto de 2026.
• El Deber: «Advierten que emboscada a policías en San Matías representa una “declaración de guerra” al Estado», 3 de agosto de 2026.
• Policía Boliviana, ficha de prófugo publicada el 6 de abril de 2024 (documento primario).