Los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron el 23 de julio el 21º paquete de sanciones contra Rusia, una nueva tanda de restricciones dirigida a recortar los ingresos con los que Moscú financia su guerra en Ucrania. La Comisión Europea, que impulsó el paquete, celebró la decisión en una nota de prensa en la que sostiene que las medidas «restringen aún más» la capacidad rusa de sostener el conflicto y de atacar a la población civil ucraniana.

El pacto lo cerraron primero los embajadores de los Veintisiete, que reunieron la unanimidad exigida tras meses de negociación encallada en la recta final por el bloqueo de Grecia, según Europa Press. El paquete entra en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la UE.

En el capítulo energético, la medida más visible es la del petróleo: la UE mantiene otros doce meses, hasta julio de 2027, el tope al precio del crudo ruso —un límite, fijado en el 18º paquete, que prohíbe a las navieras y aseguradoras europeas transportar petróleo ruso vendido por encima de un precio de referencia—. La Comisión suspende así durante un año el ajuste automático de ese tope para mantener la presión sobre las exportaciones rusas en plena volatilidad del mercado del crudo por la tensión en Oriente Próximo.

En el plano financiero, el paquete amplía la lista de bancos rusos sometidos a una prohibición de transacciones —32 nuevas entidades, según Europa Press— hasta superar el centenar de bancos rusos vetados, según el recuento de la Comisión. La novedad de más calado es que la medida les prohíbe además usar los servicios de mensajería financiera —la red SWIFT y equivalentes con los que las entidades se ordenan pagos entre sí—, lo que dificulta a Moscú mover su dinero. Bruselas suma también nuevas restricciones a las empresas de criptomonedas y a las plataformas de comercio de petróleo que operan como intermediarias.

El paquete endurece asimismo el cerco a la «flota fantasma» —los petroleros viejos, con seguros opacos y pabellones de conveniencia, que Moscú emplea para esquivar las sanciones occidentales—. La Comisión añade 41 buques a los 632 ya sancionados y, por primera vez, castiga también a las embarcaciones que dan servicio a esa flota, incluidos petroleros de aprovisionamiento. En total, el paquete incorpora 218 nuevas inclusiones —48 personas y 170 entidades, el mayor número desde el inicio de la guerra, según la Comisión—, que quedan sujetas a la congelación de activos y, en el caso de las personas, a la prohibición de viajar.

El desbloqueo llegó con una concesión a Grecia: una exención limitada, válida un año y renovable, que permite determinadas transferencias de gas natural licuado (GNL) ruso —gas enfriado hasta el estado líquido para transportarlo por barco— hacia terceros países, con revisión anual del Consejo. Según Europa Press, la excepción se ciñe a contratos suscritos antes del 24 de febrero de 2022 —fecha de la invasión de Ucrania— y responde a las objeciones de Atenas, que se oponía a extender el veto a esos servicios marítimos por temor a que perjudicase sobre todo a la industria naviera europea sin apenas mermar los ingresos rusos.

Las medidas se dirigen a la banca, la energía, el comercio y los activos digitales, los sectores «de mayor impacto» para la economía rusa, según subrayaron el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, citados por Europa Press. La Comisión sostiene que las sanciones ya acumuladas están haciendo mella: cifra en un 66 % la caída de las exportaciones de la UE a Rusia en 2025 frente a 2021 y en un 85 % el desplome de los pagos europeos por energía rusa en el mismo periodo. El paquete sienta además la base de un futuro veto de visados a combatientes y excombatientes del ejército ruso, que el Consejo activará cuando estén listas las medidas de aplicación.