Un año después de rehacer la planta judicial española, el Gobierno pone cifras al cambio. Y las pone él solo.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes llevó el viernes 24 de julio de 2026 a la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia —el órgano donde el Estado se coordina con las doce comunidades que tienen la competencia de Justicia transferida, reunido esta vez por vía telemática— el primer balance de los tribunales de instancia: el modelo que sustituye a los antiguos juzgados unipersonales por un solo tribunal en cada partido judicial, dividido en secciones (civil, instrucción, penal, mercantil…) y con varios jueces compartiendo estructura.

Según la nota difundida por el ministerio, en el último año:

• los juicios señalados subieron un 7,3%;
• los juicios celebrados, un 5,4%;
• los asuntos nuevos ingresados bajaron un 9,9%, y en la jurisdicción civil un 21,3%.

Ahí termina el detalle. La nota no publica un solo valor absoluto —cuántos juicios se celebraron, cuántas demandas entraron— ni especifica qué doce meses compara con qué doce meses, de modo que los porcentajes no se pueden reconstruir desde fuera. Tampoco los acompaña de la estadística judicial que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces y referencia habitual para medir la actividad de los tribunales. Son, por tanto, datos del departamento sobre su propia reforma.

Menos demandas no es lo mismo que más eficacia

El ministerio vincula la caída de la litigiosidad con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el BOE el 3 de enero de 2025 y en vigor, con carácter general, tres meses después. Esa norma obliga a intentar antes un medio adecuado de solución de controversias (MASC): una negociación, mediación o conciliación previa a demandar en asuntos civiles y mercantiles. Es decir, parte de la caída del 21,3% en lo civil mide un filtro nuevo en la puerta del tribunal, no necesariamente menos conflictos entre ciudadanos ni un servicio más rápido.

El ministerio sostiene además que se empieza a «doblar la curva de la pendencia» —la pendencia es el volumen de asuntos aún sin resolver acumulados en los tribunales— por primera vez en una década, empezando por lo civil. Es una valoración propia y sin cifra que la respalde en la nota.

Hay un segundo motivo para leer el balance con lupa: el «primer año» no fue uniforme. La propia ley fijó una implantación escalonada en tres tandas —el 1 de julio de 2025, el 1 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025—, así que buena parte de los juzgados del país no se transformó en sección de un tribunal de instancia hasta el último tramo del periodo que ahora se mide.

Otras 700 plazas en 2027: una intención, no una decisión

En la misma reunión, el ministro Félix Bolaños comunicó a las comunidades que la voluntad del Gobierno es crear y convocar 500 plazas de jueces y 200 de fiscales en 2027, según la nota oficial y la información de Europa Press. El propio ministerio lo formula como «voluntad»: no hay convocatoria aprobada ni calendario público, y para existir tendrá que pasar por la oferta de empleo público correspondiente.

No conviene confundir esas 700 plazas con otras 700. Bolaños recordó en la conferencia que la creación de 700 plazas de jueces y fiscales ya en marcha es «la mayor de la historia» y que fue posible gracias a la Ley de Eficiencia, que permite montar unidades judiciales de forma más barata. Ese superlativo es también afirmación del ministerio.

Carpeta Justicia: once comunidades y una frase a medias

El otro punto del orden del día fue la digitalización. El ministerio afirma que la interoperabilidad entre sistemas de gestión procesal —que los programas informáticos de cada administración se entiendan entre sí— «ya funciona prácticamente en todo el territorio», sin ofrecer una medida de ese «prácticamente». Y que la Carpeta Justicia, su portal para hacer trámites judiciales en línea, está activa en once comunidades.

Sobre la cesión gratuita de tecnología a las consejerías de Justicia, la nota dice haber firmado convenios con ocho de las doce comunidades con la competencia transferida, pero solo nombra siete: Asturias, Canarias, La Rioja, Galicia, País Vasco, Navarra y la Comunitat Valenciana. La frase siguiente aparece truncada en la web de La Moncloa: «Los convenios con la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cantabria y Aragón.». Europa Press, que cita la misma nota, la reproduce completa: esos cuatro convenios «también están a punto para ser firmados». Queda sin identificar públicamente cuál es la octava comunidad que ya lo tiene firmado.

Fuentes

• Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (La Moncloa): Bolaños anuncia a las comunidades autónomas su voluntad de crear y convocar en 2027 otras 700 plazas de jueces y fiscales, 24 de julio de 2026 (documento primario, fuente-sujeto de los datos).
• Europa Press: Bolaños avanza a CCAA su voluntad de crear 700 nuevas plazas para jueces y fiscales en 2027, 24 de julio de 2026 (basada en la misma nota del ministerio).
• BOE: Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (texto consolidado; disposición transitoria primera para el calendario de implantación y disposición final trigésima octava para la entrada en vigor).