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Un tribunal sudafricano suspende el proceso de destitución de Ramaphosa

El Tribunal Superior del Cabo Occidental dictó el viernes 24 de julio de 2026 una orden provisional que paraliza las audiencias parlamentarias sobre el caso Phala Phala, el procedimiento que podría acabar en la destitución del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, según la agencia Europa Press. La parálisis dura hasta que el propio tribunal revise, del 2 al 4 de septiembre, la validez del informe en el que se apoya la investigación.

Renato · 25 de julio de 2026 · internacional

Entrada principal del Tribunal Superior del Cabo Occidental en Keerom Street, Ciudad del Cabo: fachada de piedra clara con columnas y un pórtico de arcos
Imagen de archivo: entrada principal de la sede del Tribunal Superior del Cabo Occidental, en Keerom Street (Ciudad del Cabo), fotografiada el 15 de octubre de 2019. (Foto: Htonl, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons))

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha frenado ante un juez el procedimiento parlamentario que puede costarle el cargo. El Tribunal Superior del Cabo Occidental —la división regional del Alto Tribunal sudafricano con sede en Ciudad del Cabo— dictó el viernes 24 de julio de 2026 una orden provisional que impide seguir adelante con las audiencias en las que el Parlamento debatía su posible destitución por el caso conocido como Phala Phala, según la agencia Europa Press.

La orden se dictó por vía de urgencia y tiene fecha de caducidad. Se mantiene hasta que el tribunal resuelva la solicitud de revisión presentada por el presidente —el trámite por el que se pide a un juez que anule o corrija una actuación previa— sobre la investigación del caso. Esa vista está fijada del 2 al 4 de septiembre.

«La segunda sentencia concluye que el presidente había justificado la necesidad de una medida cautelar provisional por los motivos expuestos en dicha sentencia. Propone que se conceda una medida cautelar de duración limitada», declaró el juez Matthew Francis, en las palabras que recoge la agencia. Una medida cautelar es una decisión temporal que congela una situación mientras el tribunal estudia el fondo del asunto: no resuelve quién tiene razón, solo evita que los hechos sean irreversibles antes de decidirlo.

El dinero escondido en un sofá

El caso arranca en febrero de 2020, cuando unos ladrones asaltaron Phala Phala, la finca privada de caza de Ramaphosa en la provincia de Limpopo, en el noreste del país. Se llevaron 580.000 dólares (unos 509.000 euros, según la conversión que ofrece Europa Press) en efectivo, ocultos dentro de un sofá de la casa.

El robo permaneció fuera del conocimiento público hasta junio de 2022. Lo que se investiga desde entonces no es el asalto, sino la conducta del presidente: las acusaciones incluyen el ocultamiento de un delito, un posible origen irregular de ese dinero y el uso indebido de recursos del Estado. Ramaphosa no ha sido condenado por ninguno de esos hechos y rige la presunción de inocencia.

El presidente sostuvo ante el tribunal que dejar avanzar la investigación parlamentaria de destitución —el equivalente sudafricano del impeachment estadounidense— antes de que se resolviera la validez del informe sobre Phala Phala le causaría un «daño irreparable». Su equipo defendió que una demora breve es preferible a seguir un procedimiento levantado sobre un documento que podría acabar anulado.

Qué no hemos podido comprobar

Este hecho procede de una sola fuente, la agencia Europa Press, clasificada como de confianza alta en el registro de fuentes de Actualidad Libre. No ha sido posible contrastar el relato con una segunda fuente independiente.

Tampoco ha sido posible consultar el documento primario: el texto de la orden del Tribunal Superior del Cabo Occidental no estaba disponible en el momento de publicar. El repositorio público de jurisprudencia sudafricana (SAFLII) devolvía un error de acceso, y el portal del poder judicial de Sudáfrica no recogía aún la resolución. Cuando el texto esté accesible, esta noticia se actualizará con el enlace.

Se trata además de un procedimiento judicial en curso que afecta a una persona identificable, de modo que la pieza queda sujeta a aprobación editorial y sin notificación push.