Quien renueve el carné en Bilbao a partir de 2027 seguirá pasando por un centro médico, pero quien autorice, inspeccione y, si procede, sancione ese centro ya no será el Estado. El «Boletín Oficial del Estado» número 179, del 24 de julio de 2026, publica los reales decretos 602/2026 y 603/2026, ambos de 15 de julio, que traspasan al País Vasco dos bloques de competencias: los centros de reconocimiento de conductores y las subvenciones del seguro agrario.

Los dos textos aprueban acuerdos adoptados el 22 de junio de 2026 por la Comisión Mixta de Transferencias —el órgano paritario Estado-Euskadi que negocia qué servicios pasan a la comunidad autónoma y en qué condiciones—, y llegaron al Consejo de Ministros del 14 de julio a propuesta del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Centros de reconocimiento: desde 2027, y los paga Euskadi

El Real Decreto 602/2026 no crea un traspaso nuevo: amplía el que Euskadi ya recibió en 1982 sobre ejecución de la legislación estatal de tráfico. La comunidad autónoma pasa a ejercer «la autorización, inspección y sanción de los centros de reconocimiento de aptitudes psicofísicas de los conductores» —los centros médicos que expiden el certificado de vista, oído y reflejos necesario para obtener o renovar el permiso— y a resolver todos los procedimientos administrativos de esa materia.

El acuerdo añade una pieza que suele pasar desapercibida: el dinero. El coste de la ampliación «se financiará por la Comunidad Autónoma del País Vasco», que a cambio se queda con los derechos y tasas que generen esas funciones. No hay, por tanto, transferencia de créditos del Estado asociada a este decreto.

El texto confirma además que Euskadi continuará autorizando los centros de sensibilización y reeducación vial —los que imparten los cursos para recuperar puntos del permiso—, incluidas las inspecciones, auditorías y sanciones. La base legal está en el anexo IX del texto refundido de la Ley de Tráfico, añadido por el Real Decreto-ley 5/2023, que ordena entender las referencias a la Jefatura Central de Tráfico como referencias a los organismos autonómicos equivalentes allí donde la competencia está transferida.

Queda un hilo con la Administración central: una vez autorizado un centro, el Gobierno vasco debe comunicarlo a la Jefatura Provincial de Tráfico que corresponda para su inscripción en el registro estatal, y notificar igualmente cualquier modificación, suspensión o cese de actividad. La ampliación surtirá efecto el 1 de enero de 2027 y la documentación se entregará en un plazo de tres meses desde la publicación del decreto.

Seguro agrario: desde 2028, con una cifra que no es la vasca

El Real Decreto 603/2026 traspasa a Euskadi tramitar, conceder y pagar —además de revisar, controlar y sancionar— las subvenciones que abaratan la prima del Seguro Agrario Combinado a los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas y acuícolas registradas en su territorio. Para hacerlo tendrá que firmar su propio convenio con Agroseguro, la agrupación de aseguradoras privadas que gestiona el sistema en toda España. También asumirá informar a los asegurados de las condiciones y tarifas de cada línea de seguro.

El acuerdo deja explícito que el Gobierno vasco podrá completar con su presupuesto las subvenciones previstas en el Plan Anual de Seguros Agrarios hasta el límite máximo permitido, y subvencionar seguros agrarios que no estén en ese plan.

El Estado se reserva lo que sostiene el sistema por arriba: elaborar y aprobar el Plan Anual y el reaseguro público y obligatorio del Consorcio de Compensación de Seguros —el respaldo estatal que cubre a las aseguradoras cuando las pérdidas se disparan—.

Conviene leer con cuidado la cifra del decreto. La relación adjunta número 2 fija el «coste total anual a nivel estatal» asociado al traspaso en 277.011,30 miles de euros de 2023 (277,01 millones) en la sección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, más 34,87 miles (34.870 euros) en contratación centralizada. Es el coste del programa en toda España, no el importe que recibirá el País Vasco: el texto publicado no desglosa la parte vasca. La única proporción que sí consta es la del encargo informático que Euskadi asume: el mantenimiento y desarrollo de la aplicación de gestión de subvenciones (SGSSA), adjudicado a Tragsatec del 9 de junio de 2025 al 8 de junio de 2027, con presupuestos de 643.062,79 euros en 2026 y 366.934,46 en 2027, del que se traspasa el 0,76 %.

Este traspaso será efectivo el 1 de enero de 2028, dos años y medio después de la firma del acuerdo, y la entrega de documentación tiene el mismo plazo de tres meses.

Cómo sigue

Cada decreto crea su propio órgano de seguimiento, con seis miembros repartidos a partes iguales entre Estado y comunidad autónoma: una Comisión Técnica en materia de tráfico y una Comisión Mixta de Seguimiento y Coordinación en seguros agrarios, esta última encargada de resolver los conflictos de interpretación y ejecución del acuerdo. Ambos textos, encuadrados en la sección III («Otras disposiciones») del boletín, se publican a la vez en el BOE y en el «Boletín Oficial del País Vasco» y tienen eficacia desde el día de su publicación.

Fuentes

• Real Decreto 602/2026, de 15 de julio, de ampliación de las funciones traspasadas al País Vasco en materia de tráfico y circulación de vehículos («BOE» núm. 179, de 24 de julio de 2026, páginas 104793 a 104797).
• Real Decreto 603/2026, de 15 de julio, de traspaso de funciones y servicios al País Vasco en materia de Seguros Agrarios Combinados («BOE» núm. 179, de 24 de julio de 2026, páginas 104798 a 104803).