El hombre que se fue de Rusia diciendo que el país era incompatible con los negocios digitales es ya, para Moscú, un prófugo acusado de terrorismo. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) —el heredero de la KGB y principal servicio de inteligencia interior ruso— publicó el miércoles 29 de julio de 2026 en su portal oficial una nota en la que anuncia que ha imputado a Pável Durov, fundador de Telegram, y lo declara en búsqueda internacional. Lo adelantaron ese mismo día El País y El Mundo.

La imputación es por el apartado 1.1 del artículo 205.1 del Código Penal ruso, «asistencia a la actividad terrorista»: entre ocho y quince años de cárcel con multa, o cadena perpetua. El FSB se lo atribuye en su condición de responsable de la administración de Telegram, no por ningún acto propio: la nota sostiene que la empresa no retiró «numerosos canales, chats y bots» empleados por los servicios secretos ucranianos y por «organizaciones terroristas y extremistas» para preparar atentados, asesinatos masivos y estafas informáticas en Rusia, con el resultado de «numerosas víctimas humanas, entre ellas mujeres y niños» y un daño material «de muchos miles de millones» de rublos.

El comunicado no aporta ninguna prueba de la implicación personal de Durov, como subraya El Mundo. Se trata de la acusación de un servicio de seguridad estatal que es, además, parte en la guerra que enmarca el caso: no hay condena ni juicio, y rige la presunción de inocencia.

Un bot de citas, 46 detenidos y la versión del FSB

El expediente gira alrededor de un chatbot —un programa que conversa automáticamente dentro de la aplicación— llamado Дайвинчик (DaiVinchik), conocido fuera de Rusia como Leo, popular entre adolescentes rusos para hacer amigos y ligar.

Según la versión del FSB, agentes ucranianos se hacían pasar por chicas en ese servicio, pedían a los jóvenes la geolocalización del lugar de la cita —normalmente un gran centro comercial o las inmediaciones de una instalación sensible— y les pagaban entradas de cine o regalos a través de enlaces fraudulentos. Después, otros interlocutores contactaban con ellos desde aplicaciones extranjeras haciéndose pasar por policías rusos o por funcionarios de Rosfinmonitoring, el organismo antiblanqueo, y les decían que su dinero había ido a parar a las fuerzas armadas ucranianas y sus coordenadas a la planificación de ataques con misiles y drones. Bajo amenaza de acabar en la cárcel, siempre según el relato del servicio de seguridad, los convencían de incendiar instalaciones o atacar a policías como supuesta «comprobación» antiterrorista.

El FSB cifra en 46 los ciudadanos rusos detenidos por esos hechos desde julio de 2025, de entre 12 y 22 años, en la región de Moscú, San Petersburgo y una quincena de territorios más. Están procesados por atentado terrorista, sabotaje, daños, vandalismo y atentado contra la vida de agentes. Nada de esto está verificado de forma independiente: es la versión de una de las partes.

La nota añade un dato revelador del marco legal ruso: el bot fue incluido el 23 de diciembre de 2025 en el registro de webs prohibidas de Roskomnadzor, el regulador ruso de las comunicaciones, por contener material de dos categorías puestas al mismo nivel, «pornografía infantil y propaganda LGTB» —el Tribunal Supremo ruso declaró «extremista» al «movimiento LGTB» el 30 de noviembre de 2023—. Que Telegram no borrara ese contenido es, para el FSB, parte de la infracción.

Qué significa (y qué no) una «búsqueda internacional»

Anunciar una búsqueda internacional no equivale a que Interpol haya emitido una notificación roja, como advierte El Mundo. Esa notificación es la petición que la organización difunde a las policías de todos sus países miembros para que localicen y detengan provisionalmente a alguien a la espera de su extradición; se publica a instancia de un Estado y solo si cumple el estatuto y las reglas de Interpol, y ni siquiera entonces es una orden de detención: cada país decide qué valor le da, según explica la propia organización. En la práctica, la decisión rusa pesará sobre todo si el empresario pisa un país dispuesto a atender a Moscú.

Durov, de 41 años, ya respondió en febrero de 2026, cuando se conoció la apertura de la causa: «Rusia ha abierto una causa penal contra mí por “colaboración con el terrorismo”. Cada día las autoridades inventan nuevos pretextos para restringir el acceso de los rusos a Telegram, mientras intentan suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Es el triste espectáculo de un Estado que tiene miedo de su propio pueblo», en declaraciones recogidas por El Mundo. Ni él ni Telegram habían reaccionado al anuncio del 29 de julio, según El País; su canal público en la propia aplicación, donde suele contestar a este tipo de acusaciones, tampoco recogía mención alguna esa mañana.

Presionado desde Moscú y desde París

Durov reside oficialmente en Dubái, sede de Telegram, y tiene, además de la rusa, las nacionalidades francesa y emiratí. En Francia está bajo investigación desde su detención en agosto de 2024 en el aeropuerto parisino de Le Bourget: la justicia francesa examina si la escasa moderación de Telegram y su falta de cooperación con las autoridades facilitaron delitos como tráfico de drogas, fraude, blanqueo de capitales y difusión de material de abusos sexuales a menores. Depositó una fianza de cinco millones de euros y quedó bajo control judicial; Francia levantó en noviembre de 2025 la prohibición general de salir del país, y a comienzos de julio de 2026 volvió a ser interrogado en París durante más de seis horas, según El Mundo. El empresario rechaza las acusaciones y sostiene que responsabilizar al director de una plataforma por los delitos de algunos usuarios estira sin medida la complicidad penal.

La paradoja es que las dos presiones apuntan en sentidos opuestos: París le reprocha moderar y colaborar demasiado poco; Moscú, no censurar ni entregar información suficiente.

El pulso del Kremlin con Telegram

La ofensiva judicial rusa llega mientras el Kremlin aprieta a Telegram por otras vías: ha ralentizado deliberadamente el funcionamiento del servicio y promociona MAX, la aplicación de mensajería impulsada y supervisada por el Estado ruso, según El Mundo. El choque viene de lejos. Durov fundó con su hermano Nikolái la red social VKontakte, se negó en 2011 y 2012 a cerrar páginas usadas por los manifestantes contra Vladímir Putin y en 2014 a entregar al FSB los datos de activistas ucranianos del Maidán; poco después perdió el control de la empresa. Rusia intentó bloquear Telegram entre 2018 y 2020 tras la negativa a entregar las claves de cifrado, y fracasó técnicamente.

Telegram, fundada en 2013 y con más de 1.000 millones de usuarios, es a la vez el principal foro político de la Rusia de Putin y una herramienta cotidiana para las administraciones regionales, los corresponsales militares y las propias tropas rusas desplegadas en Ucrania. Esa doble condición explica por qué Moscú lleva años sin decidir si la combate o la aprovecha.

Fuentes

• FSB de Rusia: nota oficial del 29 de julio de 2026 sobre el chatbot «DaiVinchik/Leo» y la declaración de búsqueda internacional de P. Durov (en ruso). Documento primario, y a la vez versión de una parte interesada. Consultada el 29 de julio de 2026.
• El País: «Rusia declara en busca y captura a Pável Durov, fundador de Telegram, por “colaborar con actividad terrorista”», con información de agencias, 29 de julio de 2026 (07.10 UTC).
• El Mundo: «Rusia acusa al fundador de Telegram de colaborar con el terrorismo y lo pone en busca y captura», de Xavier Colás, actualizada el 29 de julio de 2026 a las 08.45 (06.45 UTC).
• Código Penal de la Federación Rusa, artículo 205.1 (texto vigente, en ruso), para las penas del apartado 1.1.