La plaza número 1 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de A Coruña —el antiguo Juzgado de Primera Instancia número 1— ha ordenado al Registro de la Propiedad de Betanzos que inscriba a favor del Estado español la finca «Pazo y Torres de Meirás», en el municipio coruñés de Sada, con todas sus edificaciones. La orden decreta además la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias: hasta ahora la propiedad figuraba a nombre de los herederos del dictador Francisco Franco, que usó el pazo como residencia de verano durante casi cuatro décadas.

La resolución, adelantada por la agencia Europa Press y recogida por El Mundo y elDiario.es, consta en el mandamiento remitido al registrador que el Poder Judicial ha difundido en una nota. El mandamiento se libró por diligencia de ordenación —una resolución de trámite que dicta la letrada de la Administración de Justicia— del 28 de julio de 2026, a petición de la Abogacía del Estado. Contra ella cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación.

El último paso registral de una batalla de años

La inscripción ejecuta la sentencia del 2 de septiembre de 2020 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que declaró que el pazo es propiedad del Estado y ordenó a la familia Franco devolverlo. Aquella demanda —una acción reivindicatoria, la vía civil para recuperar la propiedad de quien la posee sin título— la presentó la Abogacía del Estado en 2019, con la Xunta de Galicia, el Concello de Sada y la Diputación de A Coruña personados en apoyo, según refleja el propio mandamiento.

El fallo lo confirmaron después la Audiencia Provincial de A Coruña y, en última instancia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que desestimó los recursos de los hermanos Martínez-Bordiú Franco. El alto tribunal concluyó por unanimidad que desde 1938 el pazo estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado y que sus moradores «no pudieron poseer la finca en concepto de dueños», como mínimo hasta la década de los noventa, sin que llegara a transcurrir el plazo legal de 30 años que exige la usucapión —la adquisición de la propiedad por posesión prolongada—, según la sentencia citada por Europa Press.

Con el mandamiento de esta semana, la titularidad estatal que los tribunales reconocieron en 2020 pasa por fin al papel del Registro de la Propiedad: la finca, formada por la agrupación de quince fincas registrales, quedará inscrita a nombre del Estado y desaparecerán los asientos que seguían atribuyéndola a los herederos del dictador.