Cataluña no figurará en el informe PISA 2025 de la OCDE. Uno de cada cuatro alumnos catalanes seleccionados para la prueba quedó fuera de ella, cinco veces por encima del límite que recomienda el organismo, y eso ha bastado para que la muestra pierda su representatividad: los resultados catalanes ya no miden lo que decían medir. La Generalitat ha abierto diligencias informativas para averiguar en qué punto se torció el proceso.

Las cifras las expuso el viernes 24 de julio de 2026 la directora general de Currículum del Departament d’Educació i Formació Professional, Sònia Fernández Cuenca, en una reunión informativa con periodistas recogida por La Vanguardia y por El País. El Govern lo confirmó ese mismo día en una nota de prensa oficial que habla de una «incidencia técnica» y anuncia una comisión para que no se repita.

591 alumnos que no hicieron el examen

PISA —el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, que cada tres años mide en lectura, matemáticas y ciencias a estudiantes de 15 años de 90 países y numerosas regiones— funciona por muestreo: se elige un grupo de alumnos que debe representar al conjunto. En Cataluña se seleccionaron 2.500 estudiantes nacidos en 2009, repartidos en 51 centros. 591 quedaron excluidos de la prueba y solo se examinaron 1.909, según El País.

El desglose que dio la Generalitat, recogido por La Vanguardia: 493 alumnos exentos por presentar alguna discapacidad cognitiva, emocional o conductual; 92 por no dominar la lengua en que se hacía el examen; y 6 por discapacidad física. La tasa de exclusión sale al 23,2%, cuando la OCDE fija como máximo recomendable el 5%. No todos los institutos se desvían igual: los hay que superan ese 23% y los hay que cumplen el 5%.

La consecuencia es que el informe internacional, que se publica el 8 de septiembre de 2026 —día de inicio de curso en Cataluña—, dejará fuera a la comunidad. Los datos catalanes sí entrarán en el informe español, pero con la advertencia técnica de que no son comparables ni con ediciones anteriores, ni con otras comunidades, ni con otros países. La directora de Evaluación del Ministerio de Educación, Mónica Domínguez, presente en la reunión, sostuvo que lo aportado por los centros catalanes basta para elaborar el informe de España; el ministerio, según El País, evitó valorar el incidente y se remitió a las explicaciones de la Generalitat.

Nadie sabe todavía dónde falló

Los alumnos se examinaron en la primavera de 2025 —entre marzo y mayo, según La Vanguardia; en abril y mayo, según El País— y el cómputo erróneo no se detectó hasta marzo de 2026, casi un año después. Fernández Cuenca lo describió como «una incidencia aislada y puntual» y fue tajante en un punto: «Aquí no ha habido ni manipulación ni ocultación de datos».

Quién marca a un alumno como exento pasa por varias manos. La selección de la muestra, su verificación y la aplicación del examen corren a cargo de tres empresas externas distintas, con información aportada por los docentes, y las direcciones de los centros deben validar las exenciones; en el proceso de elección y validación intervienen además la Agencia Catalana de Evaluación, el ministerio y la propia OCDE. El Departament admitió que no sabe en qué punto se produjo el error y abrió un procedimiento «interno y reservado» para aclararlo.

La Generalitat apuntó un elemento de contexto que subrayó como «en absoluto conclusivo»: en las mismas fechas se solapaban dos exámenes para los mismos alumnos, el de la OCDE y la evaluación catalana de competencias básicas de 4º de ESO, celebrada el 10 y el 11 de abril de 2025. Los criterios para eximir a un alumno de la prueba catalana eran entonces más laxos que los de la OCDE, y Cataluña no tenía un marco único de exenciones. «Eso generó una cultura de exención que se reprodujo en evaluaciones internacionales», admitió Fernández Cuenca.

Un antecedente que pesa

Las desviaciones muestrales no son inéditas: la Generalitat citó los casos de Dinamarca, Estados Unidos, Países Bajos, Canadá y Suecia, en ninguno de los cuales la OCDE llegó a retirar al país del informe. En más de 25 años de PISA, el organismo solo ha aplazado o retirado resultados nacionales en contadas ocasiones; le ocurrió a España con la dimensión de lectura en 2018, por un problema de recogida de datos, y esos resultados acabaron publicándose dos años después.

El antecedente incómodo es más reciente. En el informe de 2022, los estudiantes catalanes sufrieron una caída de entre uno y dos años de aprendizaje en lectura y matemáticas y se situaron por debajo de la media de la OCDE, de Europa y de España. La administración catalana atribuyó entonces aquellos resultados a un defecto de la muestra —una supuesta sobrerrepresentación de centros de alta complejidad—, se desdijo después de esa versión y cesó poco más tarde al presidente del Consell Superior d’Avaluació, según La Vanguardia. Cuatro años más tarde, el problema de la muestra ha vuelto; esta vez, con la OCDE dejando a Cataluña fuera de la comparación internacional.

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Verificación: dos fuentes independientes de confianza media (La Vanguardia y El País) que coinciden en los hechos centrales, más la nota de prensa oficial del Govern, que confirma la incidencia, las diligencias y la nueva comisión pero no publica el desglose de cifras. Las cifras se atribuyen expresamente a la comparecencia de la Generalitat del 24 de julio de 2026: no existe todavía documento de la OCDE sobre el caso. Por la confianza de las fuentes, la pieza requiere aprobación humana antes de publicarse.