El Gobierno de Meloni propone presumir imputables a los menores desde los 14
El Consejo de Ministros italiano aprobó el 23 de julio de 2026 un proyecto de ley que da por supuesta la capacidad de entender y querer de los chicos de 14 a 17 años, hasta ahora comprobada por el juez caso por caso. La edad mínima de responsabilidad penal sigue en los 14 años y el texto debe pasar por el Parlamento.
Un chico italiano de quince años que roba hoy solo responde ante el juez penal si este comprueba, caso por caso, que en ese momento entendía lo que hacía. El proyecto de ley que el Consejo de Ministros italiano aprobó el jueves 23 de julio de 2026 le da la vuelta a esa regla: la capacidad se dará por supuesta y tendrá que ser la defensa quien demuestre que no existía.
Así lo recoge el comunicado oficial del Consejo de Ministros n.º 182, publicado por la Presidencia del Gobierno italiano. El texto, propuesto por la primera ministra Giorgia Meloni y por el ministro de Justicia Carlo Nordio, modifica el artículo 98 del Código Penal para introducir una «presunción relativa de capacidad de entender y de querer» —es decir, una presunción que admite prueba en contrario— para quien, en el momento de los hechos, haya cumplido catorce años y no tenga aún dieciocho.
El propio comunicado explica el cambio sin rodeos: «la capacidad ya no debe ser verificada positivamente caso por caso, sino que se presume hasta prueba en contrario». Sigue siendo posible excluir la imputabilidad —la aptitud jurídica para responder penalmente de un delito— si de las actuaciones resulta que el menor carecía de esa capacidad. Y se mantiene la rebaja de pena que la ley italiana prevé para los menores imputables.
El proyecto toca también el artículo 9 del decreto del presidente de la República 448/1988, la norma de procedimiento penal para menores, para que juez y fiscal puedan recabar elementos dirigidos específicamente a ese juicio sobre la imputabilidad.
Un disegno di legge (proyecto de ley) no entra en vigor por sí solo: necesita el visto bueno de las dos cámaras del Parlamento italiano. Hasta entonces, nada cambia para los tribunales de menores.
Qué cambia y qué no
La edad mínima de responsabilidad penal en Italia sigue siendo la de siempre: por debajo de los catorce años no hay imputabilidad, y el comunicado del Gobierno no anuncia ninguna modificación en ese umbral. Lo que se altera es el punto de partida del juez dentro de la franja de 14 a 17.
El matiz importa porque los dos grandes diarios españoles lo han contado con encuadres distintos. El Mundo, con información de Efe, titula que Meloni endurece la ley para imputar a los menores de 14 a 17 años y subraya expresamente que la edad de responsabilidad penal no se reduce. El País titula que Meloni «rebaja a los 14 años la edad de plena imputación de delitos a menores», y en su entradilla precisa que hasta ahora los menores de 18 años no eran procesados automáticamente salvo que se probara su capacidad de comprensión. Ambas descripciones apuntan al mismo cambio normativo, pero «rebajar la edad» puede leerse como algo que el proyecto no hace: bajar el listón de los catorce años. (El servidor de El País devuelve un error 403 a esta redacción, de modo que de esa cabecera solo se han podido leer el titular y la entradilla que difunde su canal RSS oficial, no el cuerpo del artículo.)
El argumento del Gobierno
Meloni defendió la medida en un videomensaje difundido por Palazzo Chigi el mismo 23 de julio. «Quien agrede, quien roba, quien destroza debe pagar. Siempre. Aunque tenga quince o dieciséis años», afirmó. Y resumió la reforma en una frase: «Antes se presumía la incapacidad; hoy se presume la responsabilidad». La norma, sostuvo, apunta «sobre todo a quien se cree intocable y explota a los menores como mano de obra para sus propios negocios», pero también a «esos chicos que piensan que pueden hacer lo que quieran porque saben que no les va a pasar nada». (Traducción del italiano de esta redacción.)
En el mismo vídeo, la primera ministra admitió los límites de la vía penal: «un chaval de quince o dieciséis años que se vuelve violento casi nunca llega ahí solo», dijo, y enumeró familias que lo han olvidado, escuelas que han perdido el contacto y barrios donde por la noche no hay nada. «La firmeza sin alternativas no basta, pero las alternativas sin firmeza no resuelven el problema».
El precedente de febrero
La reforma es el segundo paso de una ofensiva contra la violencia juvenil que arrancó con el decreto ley de seguridad que el Consejo de Ministros aprobó el 5 de febrero de 2026. Según el comunicado de aquella reunión, la norma amplía la lista de instrumentos cuyo porte está prohibido sin motivo justificado —incluidos los de hoja afilada o puntiaguda de más de ocho centímetros—, convierte esa infracción en delito castigado con hasta tres años de cárcel, prohíbe vender objetos punzantes o cortantes a menores, también por internet, y multa con entre 200 y 1.000 euros a los padres del menor que delinca con un arma. Efe, en la información publicada por El Mundo, añade que la Cámara de Diputados dio su aprobación definitiva a ese decreto en abril de 2026; el dato no se ha podido contrastar en fuente oficial.
El objetivo declarado por el Ejecutivo son las bandas juveniles que en Italia se conocen como maranza, un término coloquial para los grupos de chicos de barrio asociados a peleas y robos callejeros. Ese encuadre lo aporta Efe: ni el comunicado del Consejo de Ministros ni el videomensaje de Meloni emplean la palabra.
Fuentes
- Comunicado de prensa del Consejo de Ministros n.º 182, 23 de julio de 2026 (Gobierno de Italia)
- Videomensaje de Giorgia Meloni sobre el proyecto de ley, 23 de julio de 2026 (Gobierno de Italia)
- Comunicado de prensa del Consejo de Ministros n.º 159, 5 de febrero de 2026 (Gobierno de Italia)
- El Mundo / Efe, 24 de julio de 2026
- El País, 24 de julio de 2026