El Ministerio del Interior adjudicó el 18 de septiembre de 2025 unas obras por 2.211.529,35 euros sin concurso ni anuncio previo, dentro de la declaración de emergencia para atender «la llegada sostenida de inmigrantes a las diferentes costas de las Islas Canarias, principalmente a las de Fuerteventura y El Hierro». El anuncio de esa formalización no llegó al «Boletín Oficial del Estado» hasta el número 179, del 24 de julio de 2026: diez meses y seis días después de la adjudicación. El propio documento fecha en el 21 de julio de 2026 el envío del anuncio al boletín.

El contrato lo ganó Mediohabit, S.L., una pequeña empresa con sede en Mula (Murcia), con la más barata de las cuatro ofertas presentadas —todas ellas de pymes—. La más cara pedía 2.682.145,66 euros, medio millón por encima. Las obras se pagan con fondos europeos, bajo el programa de financiación HOME-BMVI-AG-EMAS-TF2-ES-0021, y el expediente es el X240269XSOMM/11.

Por qué sin concurso

El contrato se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad acelerado, la vía extraordinaria que el artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público reserva a las actuaciones de emergencia. Ese artículo permite a la Administración, ante acontecimientos catastróficos o situaciones de grave peligro, ordenar lo necesario «sin obligación de tramitar expediente de contratación» y sin sujetarse a los requisitos formales de la ley, incluso al de que exista crédito. Es decir: se compra primero y se justifica después, porque la licitación ordinaria tarda meses.

La justificación que consta en el anuncio es una «situación de extrema urgencia». Según el texto del expediente, la llegada de personas migrantes en situación irregular desde las costas de África Occidental, «especialmente Senegal, Gambia y Mauritania», provocó un «incremento exponencial de llegadas masivas de un 126 % respecto al año anterior» que desbordó «las capacidades materiales, económicas y operativas de la Policía Nacional en el Archipiélago», con potencial de convertirse en «una crisis humanitaria». El anuncio no aclara a qué años compara ese 126 %, ni la cifra procede de una estadística citada: es la motivación del propio expediente.

Otro contrato de 2024, publicado casi dos años después

El mismo boletín publica un segundo anuncio de la misma declaración de emergencia, el expediente X240269XSOMM/13: un suministro de mobiliario adjudicado el 25 de septiembre de 2024 —casi veintidós meses antes de aparecer en el BOE— a Arturo Martínez Serra, S.L., de Santa Cruz de Tenerife, por 1.882,76 euros, con dos ofertas y cargo a la misma línea de fondos europeos. Su texto justificativo es idéntico, palabra por palabra, al del contrato de 2,2 millones: el mismo 126 % sirve para un contrato de 2024 y para otro de 2025.

Los dos anuncios llevan la misma fecha, 21 de julio de 2026, y la firma del subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Mario García Colorado. Ambos sitúan el emplazamiento principal de las prestaciones en el código estadístico ES300, el de la Comunidad de Madrid, pese a que el objeto contratado son las costas canarias; el análisis del propio BOE clasifica los dos por ese ámbito geográfico.

Lo que los anuncios no dicen

Ninguno de los dos textos indica la fecha de formalización del contrato, solo la de adjudicación. El dato importa: el artículo 154 de la misma ley obliga a publicar la formalización en el BOE «en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato», no desde la adjudicación. Con la información que ofrece el boletín no es posible saber cuándo se perfeccionaron estos contratos y, por tanto, tampoco si ese plazo se cumplió. Lo que sí consta, negro sobre blanco, es la distancia entre la fecha en que el dinero se comprometió y la fecha en que el público pudo enterarse.

Contexto

La contratación de emergencia es legal y a menudo imprescindible: permite comprar camas, alquilar naves o levantar instalaciones en días, cuando un concurso ordinario llegaría tarde. A cambio, suspende las tres garantías que protegen el dinero público: publicidad previa, concurrencia y competencia. El único contrapeso que queda es la publicidad posterior —el perfil de contratante, el BOE y la fiscalización del Tribunal de Cuentas—, y ese contrapeso pierde fuerza cuanto más tarde llega. Cuando el escrutinio se abre diez meses después de adjudicar, la obra ya está hecha y el dinero, gastado.

El contraste lo marcan los contratos ordinarios, donde el control es previo y llega a tiempo de cambiar las cosas: esta misma semana, un tribunal administrativo anuló las cláusulas del concurso de autobuses de Renfe antes de que la operadora firmara nada.

Fuentes

• BOE núm. 179, de 24 de julio de 2026: anuncio de formalización BOE-B-2026-25044 (obras, 2.211.529,35 euros) y anuncio BOE-B-2026-25042 (suministro de mobiliario, 1.882,76 euros).
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, artículos 120 (tramitación de emergencia) y 154 (anuncio de formalización).