La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió el miércoles 29 de julio de 2026 una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019). Un mandamiento de aprehensión es la orden con la que el Ministerio Público manda a la Policía detener a un investigado y llevarlo ante el fiscal: no es una acusación formal ni, mucho menos, una condena. Lo firmó el fiscal Brayan Melgar y ordena «aprehender y conducir» a Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción, según el texto que cita el diario cruceño El Deber.

Son seis los presuntos delitos que se le investigan: alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La orden se apoya, según El Deber, en los artículos 121, 130, 132, 133, 213 y 214 del Código Penal boliviano. Morales no ha sido juzgado ni condenado por ninguno de esos hechos.

De una denuncia cívica a una orden de captura

El proceso arrancó el 1 de julio con una denuncia del Comité pro Santa Cruz —la principal organización cívica del departamento más rico del país—, que preside Stello Cochamanidis, contra Morales y otros dos dirigentes: Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), y Vicente Salazar, de la Federación de Campesinos Túpac Katari. Después se sumó una denuncia del Ministerio de Gobierno, asumida por el ministro Marco Antonio Oviedo. De los tres denunciados, el único aprehendido hasta ahora es Salazar, en detención preventiva en el penal de Chonchocoro.

53 días de carreteras cortadas

Los bloqueos empezaron a principios de mayo y se prolongaron hasta mediados de junio: 53 días de cortes de ruta convocados por sindicatos campesinos y obreros que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En el pico del conflicto Bolivia llegó a registrar más de un centenar de puntos de bloqueo, con desabastecimiento de alimentos, medicamentos, oxígeno medicinal y combustible en ciudades como La Paz y El Alto.

Las cifras de muertos no coinciden y conviene decir de dónde sale cada una: la agencia Associated Press, cuyo despacho publica El Mundo, habla de más de 15 fallecidos, la mayoría por no poder recibir atención médica a tiempo; el Comité pro Santa Cruz, que es el denunciante, eleva el balance a 22 muertos. En junio el Gobierno decretó el estado de excepción para despejar las rutas y Morales llamó entonces a una pausa en las protestas.

«No nos van a intimidar»

El propio Morales respondió el miércoles en sus redes sociales. «No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos», escribió, según recoge la radio boliviana Erbol. El expresidente atribuyó el proceso a una persecución política destinada a «ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social». Ya antes había sostenido que las federaciones del trópico no decidieron los cortes de carretera.

Morales, de 66 años, vive desde 2024 en el trópico de Cochabamba —el Chapare, su feudo cocalero—, resguardado por las seis federaciones cocaleras de la zona. Allí lleva dos años esquivando la primera orden de aprehensión, dictada en Tarija en un proceso por trata y tráfico de personas: la justicia lo investiga por una presunta relación con una menor de 15 años cuando era presidente, un caso que él niega y por el que no compareció a juicio. Esa orden nunca se ha cumplido y las autoridades han sido cuestionadas por ello, según AP. Sobre la nueva, el Gobierno sostiene que ejecutarla «podría costar vidas», aunque asegura que la resolverá, según Erbol.

Bolivia después de veinte años de MAS

Rodrigo Paz asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2025 y puso fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido con el que Morales gobernó entre 2006 y 2019 y con el que después lo hizo su sucesor y luego rival, Luis Arce (2020-2025). Arce fue detenido en diciembre de 2025, un mes después de dejar el cargo, en una investigación por presunta corrupción, informó entonces El Mundo. Según AP, el relevo se produjo en medio de una crisis económica que es el telón de fondo de las protestas de mayo y junio.

Lo que todavía no está confirmado

• El texto íntegro del mandamiento no es público: solo se conoce a través de los medios bolivianos que lo citan, El Deber y Erbol, y de las declaraciones del fiscal Melgar. El Ministerio Público no lo ha difundido.
• No hay un balance oficial de fallecidos durante los 53 días de bloqueos que permita zanjar la diferencia entre las dos cifras que circulan.
• El 29 de julio, con Morales en el Chapare, ninguna de las dos órdenes de aprehensión que pesan sobre él se había ejecutado.

Fuentes: El Deber, «Fiscalía ordena la aprehensión de Evo Morales por seis delitos en los 53 días de bloqueos»; Erbol, «Fiscal de Santa Cruz ordena la aprehensión de Evo por los bloqueos»; El Mundo (despacho de AP), «Ordenan la captura del ex presidente Evo Morales por las recientes protestas que paralizaron Bolivia»; El País (Caio Ruvenal), «La Fiscalía de Bolivia ordena la detención del expresidente Evo Morales».