Un local vacío en una planta baja, una oficina en desuso o un hotel que ya no llena nadie podrían acabar convertidos en pisos de protección oficial sin esperar a que el ayuntamiento reescriba su plan urbanístico. Esa es la apuesta de la proposición de ley que la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, presentaron el viernes 24 de julio de 2026 en Mollet del Vallès (Barcelona), y que la Generalitat detalló ese mismo día en una nota de prensa acompañada de una presentación con el contenido de la norma (ambos documentos, en catalán).

Conviene fijar qué es esto y qué no es. Una proposición de ley no es una ley: es un texto que un grupo parlamentario registra para que la Cámara lo debata. Tiene que ser tomado en consideración y tramitado en el Parlament, donde el Govern de Salvador Illa (PSC) y los Comuns no suman mayoría. Según El País, la iniciativa llega a la Cámara el lunes 27 de julio, se tramitará por la vía de extraordinaria urgencia y necesita los votos de Esquerra Republicana; el objetivo declarado es que entre en vigor a finales de año.

Cinco atajos para construir vivienda protegida

El núcleo de la propuesta son cinco medidas para levantar vivienda de protección oficial (VPO) —pisos cuyo precio de venta o alquiler fija la administración— sin modificar el planeamiento urbanístico, el trámite que suele alargar los proyectos durante años. Así las describe la presentación oficial:

1. VPO en suelo terciario. Se admite crear vivienda protegida en suelo y edificios de oficinas, en edificios de hoteles y en aparcamientos privados en altura, con dos condiciones: que la VPO ocupe al menos el 50% de la superficie construida sobre rasante y que cada piso tenga 50 m² como mínimo. Aparte, se podrán convertir locales comerciales de planta baja en VPO, pero solo donde el pleno del ayuntamiento lo acuerde señalando las calles concretas y tras un periodo de información pública.
2. Hasta un 20% más de edificabilidad. La edificabilidad es el techo que se permite construir en una parcela: subirla significa más viviendas sobre el mismo suelo. El incremento —hasta el 20% del techo residencial, incluso por encima de la altura reguladora— se admite en suelos urbanos no consolidados y urbanizables, en edificios terciarios aislados que se conviertan íntegramente en vivienda protegida y en equipamientos comunitarios aislados donde se ejecute alojamiento temporal protegido.
3. Remontas. Se podrán levantar plantas nuevas para VPO en edificios que han agotado su edificabilidad pero conservan altura disponible, sin superar la altura real de las medianeras de los edificios laterales.
4. Subdivisiones y cambios de uso. Donde ya no caben más viviendas por densidad, se permitirá subdividir pisos y reconvertir oficinas y despachos en VPO, siempre con un mínimo de 50 m².
5. Parcelas hoy inedificables. Se podrá construir VPO en parcelas que no reúnen las condiciones mínimas de edificación, si se cumplen los requisitos de habitabilidad.

A esas cinco se añade una sexta medida, ajena al atajo urbanístico: flexibilizar las cargas del planeamiento que reordene las colonias textiles para destinarlas a viviendas, con el mismo régimen de cesiones previsto para los municipios rurales.

Y todo piso nuevo, para vivir en él

La pieza que va más allá de la VPO es una disposición adicional. Todas las viviendas que se construyan con licencias solicitadas desde la entrada en vigor de la ley —también las de mercado libre— tendrán que destinarse a residencia habitual y permanente: en propiedad, para uso propio o de un familiar, o en alquiler de larga duración. En los municipios afectados no habría, por tanto, licencias nuevas para pisos turísticos ni para alquiler de temporada. Los ayuntamientos pueden dejar fuera esta obligación mediante acuerdo de pleno, si acreditan con una memoria social que ya tienen vivienda habitual suficiente para su población.

La Vanguardia subraya que este es el punto que amplía el alcance de la norma: no regula solo lo protegido, sino el uso de todo lo que se construya.

Albiach lo formuló así en el acto, según la nota oficial (traducido del catalán): los nuevos pisos protegidos serán «vivienda protegida de por vida» y «toda la vivienda de nueva construcción de mercado libre que se haga tendrá que ser para vivir y para alquilar a precio topado». Paneque enmarcó la iniciativa en «una prioridad inaplazable: ampliar el parque de vivienda protegida y garantizar que la vivienda cumpla aquella función social, esencial, que es la de ser un hogar». Ante los periodistas, recogió Europa Press, Albiach apeló al sector privado: «Lo que le estamos diciendo al sector privado es que no se puede lavar las manos frente a la crisis salvaje de vivienda que tenemos en nuestro país. Aquí debemos remar todos».

Dónde se aplicaría y durante cuánto tiempo

Las medidas son, en palabras del Govern, «temporales y de carácter excepcional»: cuatro años de vigencia, prorrogables por acuerdo del Ejecutivo catalán. Solo alcanzarían a los municipios incluidos en zonas de mercado residencial tensionado —271, según la presentación oficial—, en las áreas de demanda fuerte y acreditada del Plan territorial sectorial de vivienda —163— y en los ámbitos declarados de mercado de vivienda tenso. El País y La Vanguardia sitúan en el 90% la proporción de la población catalana que vive en municipios tensionados.

Los consistorios tampoco quedan atados a los cinco atajos urbanísticos: el pleno puede excluirlos en todo o en parte del término municipal, justificando que ya cumple los objetivos de solidaridad urbana del plan sectorial, que los servicios urbanísticos básicos son insuficientes o que la densificación existente lo desaconseja.

Los pisos levantados al amparo de la ley conservarían la calificación de protegidos de forma indefinida y no podrían liberalizarse ni destinarse a ningún otro uso residencial. Cada dos años, el Govern deberá informar de cuántas viviendas ha producido el paquete.

La cifra que no aparece en los documentos oficiales

El País destacó en la entradilla de su información que la proposición prevé «hasta 20.000 pisos en cuatro años». En el cuerpo del artículo, el propio diario matiza la cifra: se esperan «entre 15.000 y 20.000» viviendas en cuatro años y el cálculo se atribuye a «fuentes de la negociación», sin identificar.

Ni la nota de prensa de la Generalitat ni la presentación que la acompaña recogen objetivo numérico alguno. Es, por tanto, una previsión de parte que no consta en el documento primario ni ha sido confirmada por las otras dos fuentes consultadas: una expectativa política, no un compromiso comprobable.

El contexto: presupuestos, ley del suelo y otra norma en trámite

El paquete no nace en el vacío. La propia Generalitat lo sitúa dentro del acuerdo entre el Govern y el grupo de los Comuns para aprobar los presupuestos catalanes de 2026. Llega, además, mientras sigue en tramitación parlamentaria otra ley pactada por los mismos socios para limitar la compra especulativa de vivienda.

Hay un flanco abierto. Según El País, incluir en el ámbito de aplicación tanto las zonas tensionadas como las áreas de demanda fuerte y acreditada responde a la posibilidad de que prospere la ley del suelo presentada por el PP y respaldada por Vox y Junts, que contempla derogar las zonas tensionadas —el perímetro sobre el que se sostiene buena parte de la política catalana de vivienda, incluido el tope al alquiler—.

Fuentes

• Generalitat de Catalunya: Govern i Comuns presenten una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d’habitatge protegit y presentación en PDF, 24 de julio de 2026 (en catalán).
• Europa Press: La Generalitat y Comuns pactan una ley para convertir oficinas en VPO y aumentar la edificabilidad, 24 de julio de 2026.
• El País: El Gobierno catalán pacta con Comuns un plan para convertir hoteles, oficinas y locales comerciales en vivienda protegida, 24 de julio de 2026.
• La Vanguardia: El Govern y los Comunes quieren limitar también los usos de las nuevas viviendas, 24 de julio de 2026.