Zaragoza se queda la Agencia Estatal de Salud Pública. El Consejo de Ministros aprobó el martes 28 de julio de 2026 el acuerdo que fija en ese municipio la sede física del organismo, en el Pabellón de Aragón —un edificio del recinto de la Expo 2008 propuesto por el Gobierno de Aragón—, según la referencia oficial del Consejo de Ministros. La decisión llega justo un año después de la ley que creó la agencia y más de dos meses después del plazo máximo que marca la norma para resolver.

Ocho ciudades, un ganador

Se presentaron ocho candidaturas, una por cada administración que quiso pelear el organismo:

• Toledo, Hospital Universitario (Junta de Castilla-La Mancha)
• León, complejo Portillo (Ayuntamiento de León)
• Granada, Escuela Andaluza de Salud Pública (Junta de Andalucía)
• Barcelona, edificio Ramon Llull del recinto de la Escuela Industrial (Ayuntamiento de Barcelona)
• Lugo, Pazo de Feiras e Congresos (Ayuntamiento de Lugo)
• Murcia, pabellón docente de la Virgen de la Arrixaca (Región de Murcia)
• Oviedo, Edificio Calatrava (Principado de Asturias)
• Zaragoza, Pabellón de Aragón (Gobierno de Aragón)

El Gobierno sostiene que la candidatura aragonesa fue la mejor valorada «por ser la más completa», por el consenso institucional, político y social que la respaldaba y por el papel «vertebrador» que atribuye a la elección. Esa es su explicación: ni el informe de valoración del Ministerio de Sanidad ni el dictamen de la Comisión Consultiva —los dos documentos en los que se apoya el acuerdo— se publicaron junto con la referencia, de modo que no puede compararse la puntuación de las ocho propuestas. El acuerdo tampoco figuraba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 28 de julio; el Real Decreto 209/2022 obliga a publicarlo.

Qué pedía la agencia y quién se muda

El pliego de la sede está en el BOE y es concreto. El informe de criterios de la Comisión Consultiva, publicado el 17 de diciembre de 2025, exige un espacio «en torno a los 4.000 metros cuadrados», con salón de actos para más de 300 personas, salas para ruedas de prensa, zona de servidores y capacidad para habilitar zonas de acceso restringido de niveles I y II, la clasificación de seguridad que se usa en el marco de la Seguridad Nacional, la Unión Europea y la OTAN.

También fija el tamaño del organismo: unos sesenta empleados públicos en el primer año de funcionamiento —funcionarios, laborales y alta dirección, en buena parte procedentes del Ministerio de Sanidad y del Instituto de Salud Carlos III— y un horizonte de 300 en los años siguientes, «paulatino y dependiente de las disponibilidades presupuestarias». A quienes tengan que trasladarse se les prometen medidas compensatorias y facilidades para el traslado de cónyuges funcionarios.

Un detalle revela para qué se piensa la agencia: entre los méritos de la localidad, el informe valora la conexión con aeropuertos internacionales, «especialmente con destinos a Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul». Son las ciudades de sus contrapartes: en Estocolmo está el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ocho meses para un procedimiento urgente

Elegir sede no es discrecional sobre el papel. El Real Decreto 209/2022 regula cómo se reparten las sedes físicas de los organismos del Estado y crea una Comisión Consultiva que fija criterios objetivos, recibe candidaturas y emite un dictamen que eleva al Consejo de Ministros.

El calendario, según el propio BOE: el Consejo de Ministros acordó iniciar el procedimiento el 18 de noviembre de 2025 y ese mismo día lo declaró de urgencia, lo que reduce los plazos a la mitad, «por razones de interés para la salud pública». La Comisión aprobó el informe de criterios el 9 de diciembre, lo comunicó al Consejo el 16 de diciembre y se publicó en el BOE el 17 de diciembre de 2025, junto con el acuerdo de inicio. (La referencia del Gobierno data esa publicación el 7 de diciembre; el BOE no publicó ese día, que fue domingo.)

El artículo 6.8 de ese real decreto da un plazo máximo de seis meses desde el acuerdo de inicio para que el Consejo de Ministros decida y publique la sede. Contados desde el 18 de noviembre de 2025, ese plazo venció el 18 de mayo de 2026. La decisión ha llegado el 28 de julio: más de ocho meses después del arranque de un expediente tramitado por la vía urgente. Ni la referencia del Consejo de Ministros ni los documentos publicados explican la demora.

El contraste con otro organismo reciente es ilustrativo: la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato fijó su sede en Madrid sin pasar por este concurso, acogiéndose a la excepción que el mismo real decreto permite cuando la entidad la exigía una directiva europea con el plazo de transposición vencido.

De la pandemia a Zaragoza

La agencia nació con la Ley 7/2025, de 28 de julio, que modificó la Ley General de Salud Pública de 2011 para que este organismo asuma las funciones técnicas del Ministerio de Sanidad en vigilancia de la salud pública: seguir las enfermedades, evaluar riesgos ambientales y químicos, gestionar alertas sanitarias que superan a una comunidad autónoma y preparar la respuesta ante emergencias.

El informe de la Comisión Consultiva sitúa su origen sin rodeos en la pandemia de covid-19, que —dice— fue «una prueba de estrés sin precedentes» y llevó a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso a recomendar en 2020 un organismo estatal de salud pública. La puesta en marcha de la agencia es además un hito comprometido con Bruselas dentro del componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Lo que sigue sin saberse es cuándo abrirá y con qué dinero: el acuerdo determina el municipio, no el calendario. La agencia necesita todavía su estatuto —que fijará su plantilla real— y un contrato plurianual de gestión. El informe de criterios sí anticipa la prisa: valoraba positivamente las instalaciones «plenamente disponibles para ser ocupadas desde el inicio o que requieran adaptaciones menores».

En la misma reunión, el Consejo de Ministros aprobó también la creación de un panel científico para asesorar al Gobierno ante crisis climáticas.

Fuentes

• Referencia del Consejo de Ministros del 28 de julio de 2026 (La Moncloa)
• Orden TMD/1467/2025: informe de criterios de la Comisión Consultiva para la sede de la AESAP (BOE de 17 de diciembre de 2025)
• Orden PJC/1465/2025: acuerdo de inicio del procedimiento de 18 de noviembre de 2025 (BOE de 17 de diciembre de 2025)
• Real Decreto 209/2022, procedimiento para determinar las sedes físicas de los organismos estatales
• Ley 7/2025, de 28 de julio, por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública